Cuestionan que el Estado no ejerció el “poder de policía ambiental”. Denuncian las consecuencias en la salud de los vecinos y las vecinas. El martes se realizó una audiencia con los denunciados, tanto del sector privado como el público. Se espera una sentencia.
Hace al menos un año que la Asociación Civil Centro de Educación Agroecológico Ashpa inició la lucha junto a otros colectivos sociales de los barrios Las Lomas y Santa Teresita para erradicar los tóxicos de los campos y las vías, un problema de larga data. Además de movilizarse y realizar reuniones con representantes del Ejecutivo y el Legislativo municipales, presentaron el caso ante la Clínica de Derecho Ambiental que depende de la casa de altos estudios, desde donde presentaron el recurso que ya tuvo este martes su primera audiencia pública.
El abogado Andrés Makowiecki representó a los barrios que, a su vez, están contenidos para la causa en el rol de Ashpa. Por la parte cuestionada, en representación de la Fiscalía de Estado concurrió la legista María Victoria Ctibor, por el demandado Jorge Alberto Gavelini ingresó también su abogado Claudio Hugo Romano y por la comuna participó Juan Carlos Nievas. La dueña las hectáreas cuestionadas se llama Nora Moreno.
Con el recurso, cuya sentencia estará a cargo del juez Juan Pablo Masi y todavía se espera, se “ordena el cese del daño ambiental al propietario, para hacer detener de manera inmediata y definitiva la pulverización, fumigación o cualquier otra forma de aplicación de agroquímicos, herbicidas y plaguicidas, en tanto generadoras de daño a la salud y al ambiente”, replicó un informe de la asociación elaborado por Stella Maris Mangione, una de sus integrantes, que lo replicó para LA TERCERA. A la Municipalidad peronense y al gobierno provincial también les exigen que intervengan para el cese de esa práctica nociva “de manera inmediata y definitiva, y hacer cumplir con el poder de policía ambiental (la responsabilidad) de la actividad desarrollada por los propietarios”, planteó.
El representante de la Intendencia aseguró que “no recibió denuncias por fumigaciones en lo que va de 2012 y consideró que no existe daño ambiental”, transmitió la organización. Por eso coincidió con los representantes bonaerenses de que no haría falta solicitar pruebas, aunque, según se aclarará en los próximos días, los técnicos bonaerenses sí tendrán que realizar un relevamiento similar al que ya realizaron los vecinos en las barriadas más afectadas, donde detectaron problemas respiratorios, epidérmicos y abortos espontáneos, entre otros cuadros graves.
En el campo de Gavelini no sólo encontraron glifosato sino “2.4D (Ácido 2.4 Dicloro fenoxiacético), clasificado por su toxicidad como de categoría II Producto moderadamente peligroso: nocivo”, detalló la asociación en un informe de diciembre de 2011. Antes ya habían denunciado la presencia de glifosato, el mismo con el que Ugofe fumigaba las vías y que está prohibido por ordenanza en el distrito pero cuyo cumplimiento estricto los vecinos ponen en duda.
Mientras esperan el avance de la medida, otros dos campos se encuentran en la mira porque mostraban indicios de que habían empleado algún agrotóxico para desmalezar sus campos. Se trata del establecimiento “Haras de Jorge Antonio”, ubicado sobre San Martín del Barrio Parque Americano, y del campo “de las Cuatro Bocas”, de Las Lomas.
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