Con dos comités del Senado elaborando informes y pidiendo la formación de una comisión que investigue los abusos cometidos durante la Administración de Bush, con organizaciones de derechos humanos reclamando voz para las víctimas de las torturas y con la ONU recordando a Washington que no es ajeno al derecho internacional, Obama cedió el paso a la Justicia y dijo que dependía del criterio jurídico del fiscal general juzgar o no a los abogados de la Administración de Bush que redactaron los memorandos que permitían la tortura.

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama manifestó su apoyo y dejó fuera de cualquier investigación a "aquellos individuos que llevaron a cabo sus labores dentro de las cuatro esquinas de las guías establecidas". En opinión del presidente, éstos funcionaban bajo el concepto de obediencia debida. Cumplían órdenes. Pero, "respecto a aquellos que las formularon", prosiguió Obama, "ésa va a ser una decisión que tendrá que tomar el fiscal general dentro de los parámetros legales".

El presidente declaró que los informes sobre la tortura son la prueba de "la pérdida de los valores morales" de los Estados Unidos. "Estamos ante un capítulo muy difícil de nuestra historia", aseguró. Se mostró contrario a la creación de una comisión de la verdad, pero favorable a que el Congreso investigue de forma "bipartidista, independiente y mirando hacia el futuro", según informa el diario español El País en su versión online.

A la controversia sobre si el conocimiento público de los informes hace de los EEUU un país menos seguro, el ex vicepresidente Dick Cheney defendió los polémicos interrogatorios contra detenidos después de los ataques terroristas de 2001, alegando que el gobierno norteamericano logró obtener informaciones valiosas.