Según pudo averiguar DiarioTextual, no quiso responder a un pedido de informes realizado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.

El fiscal -quien no está investigando al banco, al menos por ahora- pretendía un informe sobre el movimiento de fondos para la contratación de un grupo de empresas de sonidos.

Una empresa de sonidos de Bahía Blanca admitió públicamente que fue contratada para tres espectáculos en el Anfiteatro Provincial. El Banco de La Pampa le pagó 70 mil pesos libres de gastos por cada presentación de Catupecu Machu, Los Nocheros y Pimpinela. Un precio que parece excesivo. Generalmente, el sonido en estos casos ronda los 20 mil pesos. Eso es por lo que pagaron por el show de Miranda!

Esos pagos se hicieron a través del banco, como auspiciante, y no pasaron por los controles del Tribunal de Cuentas.

En medio de ciertas sospechas por presuntos sobreprecios, el fiscal Carola pidió una serie de informes. Entre ellos al banco.

La presidenta del banco es nombrada por el Poder Ejecutivo, pero argumentó que no es funcionaria pública. Ella no respondió a las consultas realizadas este miércoles por DiarioTextual para dar su versión.

Galluccio le dijo al fiscal, en un escrito, que existe jurisprudencia de los Tribunales provinciales que indican que el presidente y los directores del BLP por capital estatal no son funcionarios públicos. No citó a esa jurisprudencia, aunque se sabe que existe. Carola no estaría de acuerdo y podría insistir con su pedido.

DiarioTextual accedió a otra jurisprudencia contraria a las pretensiones de la presidenta Gallucio: la Sentencia 6/2005 de la jueza Verónica Fantini, entonces titular del Juzgado 6 de Santa Rosa, que sí consideró al presidente y a los directores como funcionarios públicos. Es por una demanda que hizo el ex director del BLP, Juan Carlos Tierno, contra periodistas de la revista Lumbre.

En ese fallo, Fantini expresó: "No obstante que la parte querellante ha aducido que existe jurisprudencia provincial dominante que no considera a un director por el capital estatal del Bancode La Pampa como funcionario público (...) sí entiendo, por el contrario, que el querellante (por Tierno(, en su función como tal, es considerable como funcionario público. Ello así, porque se trata de una persona que, por el capital estatal, es elegida para esa función directamente por el gobernador y con acuerdo de la Cámara de Diputados, siendo removibles por la sola voluntad del titular del Poder Ejecutivo provincial", expresó.

"No sólo -prosigue Fantini- por la génesis de su nombramiento reviste el carácter de funcionario público, aún integrando un ente de economía mixta, sino que también por la función que le compete en el establecimiento e instrumentación de políticas a realizar por la máxima entidad bancaria de la provincia, con incidencia directa de la economía no sólo de ésta sino de la región adyacente, de consuno con las estrategias y líneas establecidas por el gobierno provincial, de capital mayoritario en esa sociedad de economía mixta, participa el querellante en una evidente función pública".