El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó, en un acto efectuado el viernes en el Museo de la Memoria de Rosario, el reglamento de consulta, uso y acceso del Archivo Provincial de la Memoria (APM) que contiene valiosos fondos documentales sobre violaciones a los derechos humanos y cuenta, entre sus principales objetivos, aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad para el esclarecimiento de lo sucedido con personas detenidas/desaparecidas.

Previo al acto, autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos dieron detalles a la prensa sobre las características del APM que funciona en la órbita de la Dirección provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica. “El Archivo Provincial de la Memoria se inscribe dentro del eje de trabajo institucional Memoria, Verdad y Justicia. Fue creado por decreto en 2006, pero esta gestión se planteó como política seguir profundizándolo”, explicó la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, quien estuvo acompañada por el director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza, y los subsecretarios de Derechos Humanos Angel Ruani y Horacio Coutaz.

En ese sentido, recordó que en 2009 los fondos documentales que estaban dispersos se centralizaron en tanto que, en abril pasado, se produjo su completo traslado a la sede de Saavedra 2059, en la ciudad de Santa Fe. “El Archivo ha sido muy valioso para aportar pruebas a la justicia en causas por delitos de lesa humanidad, pero también nos interesa la preservación, el resguardo y la clasificación de la información”, prosiguió Acosta.

“Queremos –añadió– que se conozca la existencia de estos fondos documentales y que los interesados puedan acceder a él”. En esa línea el acceso a la información en Santa Fe se efectúa desde 2009 en el marco del sistema establecido por decreto del Poder Ejecutivo (la Provincia no cuenta con una ley en la materia).

En este caso, en agosto pasado el gobernador Hermes Binner declaró “como información disponible en forma permanente” a la contenida en el acervo documental del Archivo, en los términos y con los efectos establecidos por el decreto de acceso a la información pública. Eso implica que quien pretenda acceder a este tipo de información puede dirigirse directamente al Archivo.

“Por eso hemos fijado un acceso ordenado, conforme a los principios de la ley nacional de habeas data, estableciéndose también quiénes y cómo pueden tener acceso, y las formas de reproducción, así como las diligencias que deben tener los empleados y los consultantes”, finalizó Acosta.