Los miembros del Colectivo Social y Cultural 1 de Marzo, se manifestaron ayer al mediodía en Tribunales en rechazo de la resolución del juez Hugo Farías que ordena el desalojo de la sede que ocupan en la calle Juan XXIII 865. La decisión judicial imponía como plazo para dejar las instalaciones el día hoy, aunque el abogado Eduardo Fernández presentó ayer un recurso de nulidad de la medida y, subsidiariamente, una apelación. El abogado aseguró que el recurso implica que la orden no está firme y los plazos se estirarían hasta que se resuelva.

En el planteo del colectivo se cuestiona la facultad que tendría el juez para ordenar el desalojo de la vivienda, en medio de una causa penal. Argumentan que sólo un juez civil podría disponer tal cosa. Seis de los referentes de la agrupación (cuatro varones y dos mujeres) están procesados por usurpación.

Ayer, el abogado también presentó cartas de 25 vecinos de la vivienda que ocupa el colectivo, quienes refrendan que la casa hacía años que permanecía deshabitada, inclusive siendo utilizada como “aguantadero”, y que los miembros del colectivo la ocuparon sin ejercer violencia ni daños, y la reciclaron para instalar allí talleres artísticos.

Los jóvenes que forman parte del Colectivo cosecharon el apoyo de gente e instituciones del medio. Inclusive el escritor Osvaldo Bayer se comunicó telefónicamente con ellos. Hoy se reunirán con el intendente Francisco Torroba y el viceintendente Guillermo Di Liscia.

Los miembros del colectivo resisten la orden de desalojo. Ayer, con tamboriles y bailes, cortaron la calle y se manifestaron frente a tribunales. Este sábado realizarán un espectáculo en el Parque Oliver, a las 19 horas, con murgas y bandas musicales. Y para el domingo a las 19 tienen prevista una peña en la sede de la Juan XXIII.

La casa que ocuparon los jóvenes estaba desocupada desde hace varios años. Inclusive en el ‘91 y el ‘93 les retiraron los medidores de gas y energía eléctrica por falta de pago. Según el abogado Fernández, los miembros del colectivo obtuvieron de parte de autoridades de la agrupación religiosa que figura como titular dominial la autorización verbal, telefónicamente, para ocuparla e instalar allí talleres y coordinar actividades artísticas y de expresión. Sin embargo, “después, no se porqué interna de ellos, se retractaron e iniciaron el juicio”, explicó el letrado.