La acción civil irá contra los ex concesionarios del predio, Hugo Montes y Sofía Antriao, quienes no desalojaron el lugar tras la finalización de la concesión que había otorgado la Municipalidad para que explotaran el lugar.

El edil del MPN y abogado Guillermo Hensel informó ayer que la acción civil tiene como objetivo reivindicar el título que posee el Municipio del camping y al mismo tiempo pedirá el desalojo de las personas que ocupan el lugar.

Destacó que el Municipio tiene la escritura del camping del lago Correntoso inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia. En consecuencia, tiene el documento principal para acreditar la titularidad del lote en litigio.

Hensel recordó que el camping fue cedido al Municipio hace décadas cuando se urbanizó el lugar. Dijo que la Municipalidad logró escriturar en 1992 el lote después de un juicio extenso que ganó. El Municipio busca por la vía civil recuperar la posesión del camping que desde finales del año pasado está en manos de la comunidad mapuche Paichil Antraio.

Hensel reiteró que el Municipio reforzará su posición en cuanto a que el balneario Correntoso es una playa pública municipal de toda la comunidad de Villa la angostura y es de uso libre y gratuito.

El Gobierno local sostiene que el balneario Correntoso es de propiedad del Estado municipal y así consta en el título de propiedad. Además, advierte que se trata del principal balneario público de la comunidad.

Señaló que desde el Gobierno municipal advierten a los habitantes de la Villa y a los turistas que no deben abonar ninguna suma de dinero para utilizar el balneario. Y recordó que el balneario actualmente no posee habilitación comercial. También, recordó que en el balneario municipal existe la prohibición de acampar desde 2002.

No es contra la comunidad

La acción civil no va contra la comunidad sino apunta a los ex concesionarios tal como ocurre en la instancia penal con la denuncia que el intendente Roberto Cacault radicó en diciembre pasado contra Montes y Antriao por presunta usurpación del lugar.

En esa causa penal, Montes y Antriao ya fueron indagados por el juez penal de Junín de los Andes Jorge Criado, quien se hizo cargo de la causa tras el apartamiento del juez local Jorge Videla. Las indagatorias se realizaron el 18 de enero pasado en plena feria judicial.

La investigación la impulsa el fiscal Juan Pablo Balderrama, quien pidió que sean llamados a prestar declaración indagatoria los imputados. El fiscal sostiene que el ex concesionario no entregó el inmueble al momento de la finalización del contrato de concesión, que venció el 31 de octubre de 2011 y tampoco ante la intimación por parte del Municipio.

A los imputados los defienden abogados del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, entre ellos el titular de ese organismo, Juan Manuel Salgado. La defensora Emma Cabeza presentó una lista de testigos para que declaren en la causa, y pidió que se haga una pericia antropológica al juez.