El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para el presupuesto 2014 del Poder Judicial que supera en casi 200 millones de pesos al de este año.

El cálculo contempla los gastos que demandará la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal que regirá a partir de enero, como también la inclusión de vacantes correspondientes al crecimiento de las áreas jurisdiccionales de Familia, Laboral y Servicios periciales, y el refuerzo a la Oficina de Violencia Familiar, creada este año.

Se prevé un presupuesto total de 811.097.006 pesos, de los cuales $686,9 millones corresponden al rubro personal, ($169 millones más que en este 2013), se asignan 78,3 a Servicios No Personales, $31,3 millones a Bienes de Uso, $7 millones a Bienes de Consumo y 7,3 millones al rubro construcciones. Sobre este punto, se informa en la exposición de motivos que 6,8 millones de pesos se invertirán en el nuevo Edificio Judicial, que se financia con recursos del “Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional”. A la vez, fija en 2.039 los cargos de planta permanente y en 16 los temporales. Además, se destaca que las erogaciones e inversiones del ejercicio se financiarán con $700,3 millones provenientes del régimen de Coparticipación Federal, $74,7 millones de aportes del Tesoro y $36 millones que el Poder Judicial obtendrá de recursos propios. También se aclara que el proyecto de presupuesto no contempla partidas especiales para financiar aumentos salariales, como sí se estableció en el cálculo de egresos para este año.

Variables

Según informó el TSJ, para la elaboración del proyecto de ley “se tomaron en cuenta las necesidades físicas y financieras de las distintas áreas del Poder Judicial, asegurando el cumplimiento de la finalidad primaria de “garantizar el acceso al servicio de justicia de todos los habitantes”.

Allí se afirmó que el criterio que primó fue el de “establecer los requerimientos de manera prudente y moderada potenciando los recursos materiales y humanos de la manera más eficiente, fijándose -con austeridad- las necesidades mínimas a cubrir de manera de garantizar la plena vigencia de los valores impostergables que inspiran el accionar de la Justicia”.