A través de un comunicado, el Encuentro Colectivo Docente de Luján denunció el cierre de cursos en escuelas públicas del distrito, especialmente en el nivel primario. La organización marcó que el cuadro de situación abarca a las escuelas primarias 5, 16 y 17, mientras que en otros establecimientos existe riesgo de que se comience a transitar el mismo camino. 

Los docentes marcaron que “el cierre de cursos en las escuelas públicas primarias y secundarias de Luján, y en otros distritos de la provincia, es sólo la punta del iceberg de una política de ajuste”.

Relataron que “la semana pasada varios directivos de escuelas primarias recibieron llamados telefónicos por parte de inspectoras de la rama para notificarles el cierre de secciones (cursos) en sus escuelas”. En esas comunicaciones, “sin mediar muchas explicaciones, ni la posibilidad de esgrimir razones para evitar estos cierres, los directivos fueron intimados de manera autoritaria a acatar las órdenes”.

Las notificaciones se argumentaron en “órdenes de arriba” y en un cuadro de situación ante el cual “no había nada que hacer”.

“De esta manera los directivos debían presentarse en la Sede de Inspectores a cargo de Cecilia Caputo el lunes 21 de marzo. A la misma reunión asistirían- al menos- diez directores de escuelas primarias de Luján con la nómina de su personal a los efectos de determinar qué docentes dejarían de trabajar en cada una de las escuelas afectadas. Al cabo de cuarenta minutos, los mismos directivos recibieron por mensaje de texto la notificación de sus inspectoras avisando que la medida de ‘reducción de personal quedaba- por ahora- suspendida’”, explicaron desde el Encuentro Colectivo Docente.

En los días siguientes, “el desconcierto de todos los docentes fue en incremento, entre comentarios de pasillos, el conocimiento del avance de esta política en otros distritos, haciendo suponer que las medidas sólo estaban esperando su oportunidad”. En ese contexto, el miércoles de la semana pasada “las inspectoras se acercaron a varias escuelas para ejecutar el cierre de cursos, entre ellas la EP Nº 5, EP Nº 16, EP Nº17 y también se supo de cursos de la Escuela Industrial”.

Las explicaciones oficiales apuntan a la reducción de matrícula como argumento central para decidir la continuidad o el cierre de cursos. Los docentes, en cambio, consideran que esa variable “no explica cuáles son las causas de la matrícula actual, ni su proyección dentro de la escuela en los próximos años”.

“Es decir, que puede ocurrir que cuando ésta aumente, habrá menor cantidad de docentes para cubrir la demanda de la población, afectando directamente a la educación pública. Como es el caso de la EP 26, ubicada en el barrio Loreto (escuela avisada del cierre de cursos) que pronto recibirá a los/as niños/as de 58 familias que se instalarán en los próximos meses dentro de su radio escolar”, expusieron.

A su vez, las fluctuaciones en la matrícula “no nos habla de las propuestas pedagógicas de las escuelas, del cómo se enseña, del derecho de cada niño/a por tener una educación correspondiente a su proceso de aprendizaje en las mejores condiciones”. Además, “tampoco nos habla del atropello que significa para los/as niños/as que de un plumazo pasen a tener un nuevo grupo, pierdan a todos sus docentes y que las familias sean avasalladas”.

“El desfinanciamiento de la escuela pública ataca nuestros derechos a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos/as. Se aplica el ajuste, nuevamente, en la escuela pública que redunda en la reducción del personal docente, la ausencia de obras de infraestructuras necesarias, la quita de los cupos para comedores escolares, la falta de nombramientos para que existan equipos de orientación escolar por escuela y turno, siendo que estos equipos favorecen con sus prácticas a reducir el ausentismo, tener contacto con las familias y todo tipo de acciones que inciden en las prácticas pedagógicas institucionales”, agregaron.

Según el Colectivo Docente, las resoluciones conocidas en las últimas semanas implican “medidas que atentan contra la educación pública y no buscan una redistribución de recursos sino un achicamiento del Estado en el sector público, afectando, como siempre, a los que menos recursos tienen”.

“Por todo ello, los docentes, los alumnos, y la comunidad en general debemos organizarnos, unirnos, y debatir en nuestras escuelas, caminando hacia un espacio de articulación y contención entre todos, para hacer frente y defender la educación de nuestros hijos/as. No podemos naturalizar más estas decisiones. Los docentes no debemos ser más ejecutores de las políticas, sino partícipes y tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones y aportar criterios y experiencias”, expresaron.

REUNIONES

El miércoles, integrantes del Consejo Consultivo Provincial de SUTEBA y secretarios gremiales de distintos distritos se reunieron en la Jefatura Regional, con asiento en Mercedes. A ese encuentro se sumaron maestros de Luján, tal el caso de Ivana Muzzolón, docente de la Escuela 34 del barrio Sarmiento e integrante del Encuentro Colectivo Docente.

En diálogo con este medio, explicó que la jefa regional les comunicó que “en ningún momento se ordenó el cierre de secciones, sino que le pidió a las jefas distritales que elevaran un informe de insumos y recursos en cada distrito, para redistribuir recursos dentro de su regional”.

“Ella dijo que en General Rodríguez hay una explosión demográfica y que necesita abrir nuevos cursos y entregar nuevos cargos. Entonces una de las propuestas de la jefa regional es que, como en Luján ‘hay cargos disponibles’, se pondrían al servicio de Rodríguez. Eso es nefasto porque implica una política encubierta de ajuste, porque en lugar de quitar secciones, lo que necesitamos las escuelas es que nos autoricen los cargos que no están cubiertos en las escuelas”, explicó Muzzolón.

La docente comentó que si bien durante la gestión sciolista “hubo cierre de secciones, quizás eran más dispersas y no en tanta cantidad y en poco tiempo como en este caso”.

“En las escuelas nos están llamando todos los días para saber cuántos alumnos están presentes. Hay una suerte de persecución permanente para saber cuántos chicos inscriptos hay y cuántos asisten. Por ahí pasa la discusión, en lugar de pensar las condiciones en las que estamos trabajando”, agregó Muzzolón.