El juez de Familia, Diego Lerena, envió el 27 de mayo pasado una nota a la Cámara de Diputados –a la que tuvo acceso TiempoSur- pidiendo la regulación de los Hogares Geriátricos, “dada la preocupante situación por la que actualmente se atraviesa en torno a dicha temática”.

La preocupación del magistrado no es nueva: el año pasado debió intervenir junto a la Defensoría Oficial ante la gran cantidad de hogares clandestinos (alrededor de 40) que se encontraban fuera de las normas, que obligó al traslado de los abuelos.

Un largo antecedente- La solicitud del magistrado del Juzgado N°1 de Río Gallegos radica en la falta de promulgación de la ley denominada: “Marco Regulatorio para el Funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores”, aprobada hace diez años, más precisamente el 11 de septiembre de 2006.

Precisamente esta ley es una de las 87 normas que se encuentran sancionadas por la Legislatura provincial y hasta promulgada por el Ejecutivo, pero que se encuentra sin reglamentar, motivo por el cual el diputado Carlos Santi (Frente Para la Victoria) le solicitó al Gobierno que se aboque cuanto antes a esta tarea.

Pero no es el único antecedente, ya el año pasado, autoría del entonces legislador Leonardo Alvarez (también del FPV), a través del proyecto de Resolución Nº293/15, aprobado sobre tablas, le solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial la “urgente reglamentación” de la Ley Provincial Nº2.912 para el “Funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores”.

En cuanto al diputado Santi, observó en su oportunidad que a muchas de estas leyes sancionadas por la Cámara de Diputados, no les alcanza con estar aprobadas, promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial, sino que dependen para su aplicación de la reglamentación de las mismas, instancia que espera, por ejemplo, la Ley de Funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores.

La denuncia por los hogares- El tema no es menor. En junio del 2015, TiempoSur informaba con título de tapa que el Juzgado de Familia N°1 de Lerena y la Defensoría Oficial habrían detectado situaciones de “indignidad” en alrededor de 40 hogares clandestinos. Ninguno tenía habilitación ni pago de impuestos, por lo que se libraron oficios a diversos organismos.

La noticia sostenía que se transformaban viviendas en albergue para lucrar con los últimos tiempos de vida de un anciano y que eso era, ni más ni menos, que un negocio al que se le sumaba la clandestinidad. En dichos lugares se constató que no había rampas para sillas de ruedas, ni enfermeros, que en muchos casos los abuelos estaban a la intemperie del calor familiar y siempre desprovistos de un régimen alimentario nutricional.

Al menos esto es lo que habría visto la Defensoría Oficial que, en conjunto con el Juez de Familia, empezaban a desterrar estos sitios que garantizaban el hacinamiento y no brindaban condiciones que velen por la integridad física y emocional de los abuelos.

Incluso antes de esta situación, en el 2014, el ex titular del Consejo Municipal del Adulto Mayor (COMUDAM), Luis González,  ya venía denunciando estos casos. Afirmaba que el funcionamiento de estos hogares radicaba en que se les pagaba per cápita y  ejemplificaba: “Es como si yo fuese amigo tuyo y te digo que te consigas una casa con doce cuchetas y te pago 60 mil pesos por mes para que los atiendas; detrás de los hogares de ancianos sustitutos hay un gran negocio”, había definido.

También ya por entonces se alertaba que estaban los hogares con subvención por parte del Estado, pero también los otros, íntegramente privados, en los que hay quienes “depositan” a sus seres queridos, aparentemente en absoluta ilegalidad.

De este tipo de casos radica el pedido para que haya un marco regulatorio para el Funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores, que evite situaciones lamentables por las que atraviesan los abuelos en sus últimos años de vida.