El Poder Ejecutivo hizo este planteo a través de la Dirección Provincial de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, a cargo del doctor Julio Cesar García, en el marco del Caso Nº 11.804-Juan Angel Greco - del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los compromisos asumidos por la República Argentina.

Según se precisó el pedido se fundamenta en la morosidad del Poder Judicial, en particular del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, y apunta a que, de manera urgente, se tomen los recaudos de instrumentación de las funciones de Fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos, conforme lo establece la Ley Nº 6786/11 para que el mismo no siga actuando como simple querellante sino como Fiscal de Investigaciones en materia de Derechos Humanos y que se proceda a designar al nuevo fiscal Adjunto en lo penal especial en derechos humanos con sede en la Localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

De esta manera se cumpliría con el compromiso asumido por la Argentina y en particular la provincia del Chaco, ante el organismo internacional.