El proyecto para reglamentar el capítulo ocho de la ley de Educación provincial (N° 13.688), que se refiere a la Educación de Gestión Privada, ha generado una fuerte preocupación en los colegios San José y San Francisco de Xabier de la ciudad de 25 de Mayo respecto de su futuro, ante la posibilidad de verse perjudicados por la disminución de los subsidios estatales, o bien por el impedimento de mantener su actual sistema de aranceles, lo que terminaría por afectar de forma negativa sus respectivos funcionamientos.

Hace un par de días atrás, los directivos del establecimiento católico ubicado en calle 10 y 25, convocaron a su personal docente y auxiliar para explicar el complicado escenario que podría presentarse en caso de que el proyecto que se impulsa desde la Dirección General de Educación bonaerense, a cargo de Mario Oporto, llegue finalmente al Congreso provincial, y luego se convierta en realidad.

Según supo La Mañana, este mismo encuentro se repetiría en la jornada de hoy en las instalaciones del colegio San Xabier, ubicado en calle 9 y 26, para informar de estos sucesos a sus trabajadores. Y en las próximas semanas, desde ambas instituciones estas reuniones informativas se extenderían a los padres de sus correspondientes alumnados, con la finalidad de anticipar los efectos adversos que podría causar esta jugada oficial.

Cabe recordar que el Ejecutivo provincial busca reducir su sistema de subvención a tres tipos de aportes, que podrían ser 50, 80 y 100 por ciento; y priorizar a los que enseñan en forma gratuita (como es el caso de los de gestión municipal o de las asociaciones comunitarias), o bien aquellos que cobran cuotas muy bajas, en zonas de menores recursos y en aquellas donde el Estado no llega.

Además, dentro del proyecto para reglamentar el capítulo de Educación Privada de la ley 13.688, la Provincia -bajo la premisa de ‘mejorar’ la distribución interna de las subvenciones para que el Estado realmente apoye a los que más necesitan- busca fijar, entre otras cosas, los requisitos para la apertura de nuevos establecimientos privados y hasta un régimen arancelario propio.

En la actualidad, los colegios de gestión privada bonaerenses poseen un tercio de la matrícula provincial; y el 73 por ciento de las unidades educativas (unas 6.000 escuelas) que atienden a 876.000 alumnos de todos los niveles, reciben aportes para pagar los salarios del personal docente. De estas instituciones, el 30 por ciento recibe el 100 por ciento de subvención, el 17 por ciento recibe un 80 por ciento, y el 13 por ciento entre el 60 y 70 por ciento.

Qué puede suceder

Según supo La Mañana, el aporte que el Estado provincial realiza hoy a los dos colegios católicos de 25 de Mayo cubre el 100 por ciento de los docentes titulares. Mientras que con el arancel mensual (en ambos casos la cuota no es menor a los 100 pesos), se abonan salarios por las ‘horas extra programáticas’ -como puede ser el caso de catequesis, etc.-, del personal administrativo y de maestranza que no figuran en planta, además de cubrir el mantenimiento de los edificios y los haberes de los docentes con tareas pasivas.

Si bien Oporto adelantó que "no habrá política de persecución ni corte de subsidios", y al mismo tiempo se mostró confiado en que no habrá conflicto con la Iglesia –"creo que va a apoyar porque ellos también están preocupados por la atención de los sectores más necesitados y pobres de la población bonaerense"-, dijo-, se infiere que este proyecto de revisión de los subsidios afectaría duramente la realidad de los establecimientos educativos privados veinticinqueños.

La cuestión por saber es qué suerte correrán, así como otras miles de escuelas de la Provincia, si es que finalmente el gobierno logra rediseñar el capítulo 8 de la Ley 13.688, fijando que los colegios privados que reciben el 100 por ciento de subvención no puedan arancelar su servicio; o en el caso de los que son subvencionados en un 80 por ciento, que sólo puedan cobrar un arancel mínimo (equivalente a poco más de 30 pesos), o si perciben entre 60 y 70 por ciento, que cobren un poco más de 60 pesos.

Lo cierto es que hay una creciente preocupación en cuanto a lo que pueda suceder con este proyecto que impulsa la cartera educativa bonaerense -Oporto ya se reunió con los integrantes del bloque oficialista de la Cámara de Senadores, encontrando apoyo para llevar adelante la reforma de los aportes a los colegios privados-, ya que en la práctica, podría en muchos casos asestar un ‘golpe mortal’ a las escuelas privadas, conllevando además la migración de miles de estudiantes a un sistema público que presenta muchas grietas.