Un aguantadero que se disputan dos bandos. Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad advierten la gravedad de la situación que se generó en los terrenos linderos a la Villa 20, ocupados desde hace ya casi cuatro meses. “Esto se ha convertido en una guarida de delincuentes. No es una presunción ni una mera denuncia: hay procesos específicos que se están llevando adelante en distintos juzgados”, resume Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto de la Ciudad.

El mes pasado la Justicia porteña probó que la usurpación había sido organizada por punteros políticos (algunos con vínculos con el Movimiento Evita y otras agrupaciones) con el objetivo de lotear y vender las parcelas por entre $ 8.000 y $ 20.000. De hecho, a fines de mayo la jueza Gabriela López Iñíguez dictó la prisión preventiva para Marcelo Chancalay (quien trabajó para el Pro, el kirchnerismo y UNEN) y a Emanuel Ríos, Claudio Jiménez y Marcelo Urquiza les prohibió ingresar al predio que fue bautizado “Papa Francisco”.

Con los cabecillas fuera de juego (o, al menos, con el poder limitado) la situación empezó a cambiar. En las últimas semanas se fueron sumando denuncias que hablan de venta de drogas, secuestros extorsivos, abuso sexual y todo tipo de amenazas, causas que fueron derivadas a la jurisdicción que corresponde en cada caso (ver La seguidilla...). También hay registro de agresiones a los vecinos de la Villa 20 linderas al predio para que permitan el paso y, por supuesto, guarden silencio. “El contexto es ideal. De un lado está todo cerrado y con protección policial constante y hay un escape a través de la villa para el que no hay ningún tipo de control”, describe Cevasco.

La última denuncia se radicó ayer: durante la madrugada del viernes se incendiaron de manera aparentemente intencional dos viviendas que pertenecen a familias bolivianas. ¿Por qué la distinción? Según se desprende de la investigación, están disputando el poder con otro grupo de nacionalidad paraguaya. “Ni unos ni otros entraron ahí por arte de magia. Fueron traídos por los organizadores. El grupo de bolivianos tiene vínculos con Chancalay, los paraguayos con la familia Jiménez, y los Ríos con los dos”, apunta el Fiscal Adjunto. “Que una causa como esta haya juntado más de 50 declaraciones testimoniales da la pauta de lo desesperada que está la gente”, sigue.

Muchos de los testimonios señalan una misma dirección en la que fueron citados en el mes de noviembre para anotarse y participar de la toma. Y en los allanamientos a los domicilios de los que están señalados como organizadores se encontraron cuadernos en los que registraban incluso a aquellos que habían sido censadas por el IVC, la Defensoría del Pueblo, la secretaría de Hábitat y el Ministerio de Desarrollo Social.

Esta semana la jueza rechazó el pedido de los fiscales porteños para declararse “incompetente” y que la causa pase a la Justicia Federal (lo que permitiría unificar estas actuaciones e investigar la asociación ilícita, una figura que excede a la jurisdicción de la Ciudad) y tras las audiencias con todas las fuerzas involucradas volvió a dejar en suspenso el desalojo que fue confirmado por la Cámara Penal hasta que pueda garantizarse “la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas”.

La desocupación del predio es el paso necesario para avanzar con el saneamiento y, luego, la urbanización de los terrenos, tal como establece la Ley 1770 (por cuyo incumplimiento hay un amparo que lleva adelante la jueza Elena Liberatori). “Tomar un predio y ocuparlo es un delito. Nuestro trabajo es determinar quiénes lo cometieron, hacer que cese y llevarlos a juicio”, expone Cevasco. “Se empiezan a ver cuestiones que van más allá de la usurpación y hay que alertar a las autoridades sobre la situación compleja que se viene desarrollando en este predio. Si no se interviene a tiempo puede ser lamentable”, advierte Martín Ocampo, Fiscal General de la Ciudad.