El precio de jugar a todo o nada

Por Joaquín Morales Solá

Poco después de las elecciones del 28 de junio pasado, Aníbal Fernández, entonces flamante jefe de Gabinete, le comentó a un amigo que el Gobierno debía portarse con el Congreso, desde ese momento, como si ya hubiera perdido la mayoría. "De esa manera no se notará el cambio el 10 de diciembre y evitaremos que luego nos cobren todas las facturas juntas", argumentó el ministro.

El Gobierno hizo todo lo contrario. Y Aníbal Fernández acompañó esa modificación crucial de su política, como suele hacer, le guste o no, con cada decisión que toman los Kirchner. Nobleza obliga: Fernández tenía razón. Debe reconocerse, en tal sentido, que aquellos pronósticos del jefe de Gabinete se están cumpliendo cabalmente, aunque él y su gobierno no hayan hecho nada para cambiar la dirección del torbellino.

Una sensación de derrota era ayer fácilmente perceptible entre los senadores oficialistas. Al final, hoy, cuando se realice la reunión preparatoria, quedará expuesta la minoría a la que han sido condenados. Kirchner, que después del 28 de junio convirtió un fracaso en una victoria, deberá pagar, de ahora en más, por haber forzado mayorías artificiales y por haber atropellado los propios límites institucionales.

El resultado de la votación de hoy, para definir la composición de las comisiones, será 37 a 35 a favor de la oposición. El oficialismo luchará en el recinto sólo para poder introducir un senador más (y no quedar en minoría) en cuatro comisiones clave: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Acuerdos y Legislación General.

Por ahora, los senadores oficialistas han quedado en minoría en todas las comisiones del Senado. "No hay posibilidad de modificar nada. Los 37 no kirchneristas han firmado un acta cerrada donde figuran todos los cargos y todas las comisiones. Con cualquier cambio se caería todo", anticipó un líder opositor.

"No haremos papelones", dijo un senador oficialista cuando se le preguntó si bajarían o no al recinto o si demorarían el acto de juramento de la senadora Norma Morandini. Morandini estaba fuera del país cuando juraron los nuevos senadores, en diciembre. Aunque es un trámite formal, la oposición carecería de los 37 senadores necesarios para el quórum si se postergara el acto de jura de Morandini. "Bajaremos al recinto y Morandini jurará. No queremos repetir el papelón del 3 de diciembre en la Cámara de Diputados", adelantó una fuente oficialista.

Un debate innecesario fue el que puso en duda la continuidad del peronista José Pampuro en la presidencia provisional del Senado. La mayor parte de la oposición nunca suscribió la propuesta de relevarlo por el salteño Juan Carlos Romero. El propio Romero explicó siempre que su aspiración para ocupar ese cargo se explicaba en la necesidad de retomar el liderazgo extraviado en el peronismo de Salta. Sea como sea, la candidatura de Pampuro fue apoyada hasta por los opositores no peronistas y recibió también el aval público de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

A pesar de todo, el golpe de gracia al oficialismo se lo dio, también ayer, el crucial senador Carlos Verna, cuando anunció que no votará (la semana próxima, presumiblemente) la aprobación del decreto de necesidad y urgencia de Cristina Kirchner para hacerse de parte de las reservas nacionales. Después de leer esa noticia, algunos sectores del oficialismo comenzaron a flexibilizar su posición de no suscribir un proyecto de ley. "Algo es mejor que nada", se resignó una fuente oficial.

Sucede, no obstante, que un proyecto de ley debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso (al revés del DNU, que necesita sólo de una) y la de Diputados es aún más renuente que el Senado. Un proyecto de ley requerirá para su aprobación muchas modificaciones en los dos cuerpos parlamentarios.

El borrador

El propio Verna escribió el borrador de un proyecto de ley, pero en ese boceto se les destina a las provincias el 37 por ciento del lote de los 6500 millones de dólares de reservas, que debería ser repartido según el sistema de coparticipación federal. "¿Qué gobernador se opondrá a semejante regalo inesperado? Hasta Scioli apoyará a Verna", dedujo, con razón, un oficialista desilusionado.

Verna dijo ayer algo más: "Quiero poner moderación donde hay crispación y diálogo donde hay monólogo", adelantó. La frase puede parecer de un impecable contenido políticamente correcto. Pero ¿no se podría cambiar de raíz, detrás de esas banderas, las formas y los programas del gobierno de los Kirchner? Sí. Es imposible imaginar a un gobierno kirchnerista sin enfrentamientos constantes o departiendo en amables diálogos con sus adversarios. Cada uno es lo que es. Y los Kirchner no son así.

Cerrada la puerta parlamentaria, el matrimonio gobernante se enteró en las últimas horas de que tampoco se la abrirá la puerta judicial para capturar las reservas del Banco Central. Si la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo cumple con las promesas que hizo entre jueces, su fallo consistirá, como lo anticipó ayer LA NACION, en aceptar la apelación del Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia pero con efecto devolutivo; es decir, no suspenderá las anteriores resoluciones judiciales que inmovilizaron las reservas.

Sería uno de los fracasos más sonoros del Gobierno en la Justicia. En esa sala se concentra el mayor poder de presión del oficialismo. Uno de sus jueces, Sergio Fernández, es hermano de Javier Fernández, el más eficaz operador del kirchnerismo entre los jueces. El hijo de otro juez de la Sala IV, Luis Márquez, trabaja con el propio Javier Fernández. Si las presiones del Gobierno resultaran vanas en esa sala judicial, la pregunta que corresponde hacerse es cuántas malas novedades aguardan al kirchnerismo en otros territorios de la Justicia.

Los jueces amigos han terminado demasiado expuestos por el propio gobierno. El destino de ellos tiene la extensión del destino del oficialismo. La administración tampoco preservó a sus senadores, propios y aliados, y los sacrificó en un combate ya perdido de antemano. Jugar siempre a todo o nada tiene su precio en vidas políticas que sucumben a veces prematuramente.

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