El presidente de Microomnibus 3 de Mayo, Guido Dal Pozzo, reclamó el posicionamiento del Concejo Municipal ante lo que definió como un "atropello sin precedentes" en la ciudad, del Ejecutivo contra una empresa. 

En una nota dirigida al presidente del Concejo Municipal, Ramón Chiocconi, este martes 06/01, afirma que la Municipalidad avanzó con una "confiscación" de los bienes de la firma y violó la Constitución Nacional (CN) de la República Argentina. 

El cuerpo deliberante no cuestionó formalmente el traspaso temporal del servicio que brindaba 3 de Mayo a la empresa Autobuses Santa Fe y desde la firma local se reclama su posicionamiento.

"El ejecutivo municipal, como es de público conocimiento, ha procedido a confiscar los bienes de 3 de Mayo SA (…) Nos incautó los mejores colectivos, los talleres, el depósito, el depósito de combustible y se lo dio todo a una empresa que no tiene estructura ni bienes para explotar el servicio público de pasajeros" expresa Dal Pozzo en la nota en la que asegura que Autobuses Santa Fe "vio tan fácil la cosa que fue por más: se posesionó de nuestra oficina, de las máquinas lectoras de tarjetas que no están en los micros, de las máquinas expendedoras de boletos (cosas estas que nadie les dio) y nos sacó los micros que a ellos no les servían, de su lugar de estacionamiento y los puso en otro sitio donde fueron incendiados no se sabe por quién".

Al respecto, volvió a señalar la responsabilidad de la pérdida sufrida días atrás a la firma santafesina y a la Municipalidad "que consintió y permitió todas estas tropelías".

En ese marco, adelantó que "la responsabilidad de la Municipalidad para con nosotros, o sea las indemnizaciones que tendrá que afrontar el municipio se extiende a la responsabildiad individual de los funcionarios que participaron en el otorgamiento del acto ilegal y de un desvío incríble".

"Es por ello que el Concejo Municipal debe tener conocimiento de dicha situación y expresarse frente al insótio acto del Ejecutivo", pidió.

"Nos confiscaron todos los bienes, micros y estructura que necesitaban dejándonos sin capital de trabajo", insistió el empresario para señalar que el artículo 17 de la CN expresa que "la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino". 

Por su parte, el gobierno municipal asegura que no se trata de una "confiscación" sino de una "incautación" acordada con el Poder Judicial, por la que la nueva prestataria paga un canon fijado por la interventora judicial, ante la falta de acuerdo con la firma incautada.

No es así para Dal Pozzo quien manifestó al Concejo que se trata de un "insólito atropello" sin precedentes en la ciudad que no solo les impide desarrollar su actividad sino que además "nos provoca un gravamen moral de enorme magnitud y evidencia una visible debildiad de poder frente a una empresa foránea ligada a ilustres apellidos de la política nacional".

En referencia a este punto, sostiene que hay un abuso de poder, en los términos del artículo 29 de la CN que establece que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". 

"Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", define la carta magna.