Esto significa que la Provincia deberá pagarle a la sociedad Cartellone-Pescarmona alrededor de $12 millones por la construcción del controversial terraplén de la presa y la energía no generada. Pero no es lo único pendiente para el grupo, que tampoco descarta algún reclamo para la actualización de la tarifa por la generación.

Aunque satisfechos, desde Cemmpsa califican al fallo "un paliativo económico", que no alcanza para compensar el "daño irreparable para la imagen de las empresas" de las acciones ordenadas por la Provincia. Como sea, marca el fin de un conflicto que se remonta a 2004, cuando debió construirse una berma (refuerzo o terraplén) a partir de un reclamo del Gobierno de Julio Cobos acerca de la seguridad del complejo.

"Potrerillos fue un proyecto superador, para el que tomamos parámetros extremos y recaudos que no estábamos obligados a tomar, como la supervisión de un panel de expertos internacionales. Además, no hubo ajustes, por lo que probablemente haya sido la única obra pública que a la Provincia no le costó un peso más de lo presupuestado salvo lo generado por el conflicto. Y se hizo en forma y en tiempo, probablemente en la peor época para hacerlo", detalla Pablo Pérez Burgos, subgerente general de Cartellone Construcciones Civiles, en referencia a la crisis económica de hace casi una década.

El dique embalse empezó a construirse en enero de 1999 a partir de una inversión de U$S 312 millones, de los cuales la Provincia aportó 167. Encarar la berma exigida cinco años después significó, según Cemmpsa, asumir un costo extra por el que luego reclamó ante la Justicia U$S 2,8 millones, pese a que el máximo tribunal finalmente reconoció idéntica suma pero pesificada. Esto dejó disconformes a los socios por considerarlo insuficiente para cubrir el gasto real, pero no hubo apelación.

De acuerdo a los técnicos intervinientes, "tal como se proyectó y construyó, la presa fue siempre segura; antes, durante y después de un terremoto". Por lo tanto, la aseveración que recogió la Justicia para fundamentar su fallo es que "nunca fue necesario limitar el llenado ni hacer un refuerzo o terraplén alguno".

Impacto en generación y tarifa

Por el diferencial de energía no generada durante los últimos 6 años a causa de la obligatoriedad de mantener una cota reducida en el embalse, la UTE espera cobrar, de acuerdo al dictamen de la Corte, $8,3 millones en concepto de resarcimiento. El número surge de que durante tres años y medio la presa produjo un 30% menos de su capacidad total.

Con todo, el ajuste de la tarifa que perciben por megavatio generado es un tema que los socios estudian encarar a futuro. Si bien hubo un reacomodamiento (a la salida de la convertibilidad, con una relación 1 a 3, promediaba los u$s 15 por MW vendido al mercado mayorista eléctrico y prácticamente es el triple), tanto Pérez Burgos como Adolfo Pagliarulo, representante de Cartellone en el directorio de la sociedad, coinciden. "No hemos iniciado ningún reclamo. Pero la crisis nos generó un impacto catastrófico y, con el tiempo, esperamos que vaya compensándose".

Respecto a las condiciones imperantes cuando se desató la disputa con la Provincia, Pagliarulo recuerda que "no hubo una discusión honestamente técnica, y fuimos objeto de un escarnio injustificado. Más allá de todo, somos mendocinos, y nos convirtieron en vecino al que acusan de homicidio y luego se demuestra su inocencia".

En un análisis del contexto, el directivo, indirectamente, tampoco se priva de poner de relieve la responsabilidad del Gobierno de Julio Cobos, en parte porque asegura que, además, nunca cumplió con designar a una consultora experta en la inspección de la obra : "Casualidad o no, igual no podría haberse seguido elevando la cota, porque había alcanzado el nivel del acueducto y la rasante de la vieja ruta a Chile, obras que la Provincia debía trasladar y no podía inundar por el impacto negativo que generarían; esto es, tanto el corte del tránsito a Chile como suspender el suministro de agua potable a la ciudad de Mendoza".