El gobernador Celso Jaque aseguró ayer que Mendoza no recurrirá la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que condenó a la Provincia a pagar 12 millones de pesos más intereses, a los empresarios Enrique Pescarmona y José Cartellone, por la construcción de un terraplén en el dique Potrerillos durante 2004. Estimó en 17 millones de pesos el monto total a pagar por el Estado, cifra que equiparó "al valor de cuatro escuelas".

"La contundencia del informe de los peritos de la Suprema Corte ha sido de tal magnitud que es imposible hacer una defensa y no vamos a recurrir", adelantó Jaque. "En lugar de tomar decisiones racionales, en 2004 el Gobierno provincial ordenó a la constructora hacer un terraplén que resultó innecesario. Se actuó así porque se tuvo miedo a las presiones de algunos sectores, entre ellos, de parte de la Legislatura. Fue una pésima decisión".

Agregó que "no vamos a recurrir porque la contundencia de las pruebas es tal que lo único que vamos a conseguir es que los mendocinos perdamos más plata todavía".

De visita por Nueva California (San Martín) por una nueva inauguración escolar, Jaque fue más allá del informe que ofrecía a la prensa el secretario legal y técnico, Fernando Simón: "El Estado está estudiando las posibilidades, que no son muchas: por un lado se podría recurrir ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación o -por el otro- pedir alguna aclaratoria a la Suprema Corte de la Provincia".

Simón señaló que tanto el perito de la empresa Cemppsa como el de la Provincia consideraron ante la Suprema Corte que el terraplén "era beneficioso pero no imprescindible". Opinó que al tener los dos peritos esta postura, quedó en evidencia "que no se tomaron en su momento los recaudos necesarios para haber evitado este juicio".

Para el diputado Ricardo Puga (Proyecto Independiente Mendoza) -amparista en 2004 a favor de la construcción del terraplén- no hubo una defensa adecuada de los intereses de la Provincia.

Simón le respondió que "la irresponsabilidad de los dichos del señor Puga corre por su cuenta. El Estado tuvo una muy buena defensa jurídica pero, sobre todo, esto es un pleito en el que se discutieron cuestiones técnicas, si era o no necesario el terraplén. Puga en cuestiones técnicas de estructuras de presa debe saber más o menos lo mismo que yo que soy abogado. Los peritajes fueron vertidos por empresas internacionales o consultores de gran reconocimiento nombrados por la Suprema Corte", sostuvo Simón.

Detalló que "los mendocinos deberemos pagar más de $12 millones, que consisten en 2.792.877 pesos por la obra del terraplén, 8.353.606 por la pérdida de generación de energía y 1.444.000 por honorarios a los abogados que intervinieron en el caso, más los intereses".

Terraplén

La obra de Potrerillos fue impulsada y construida bajo el gobierno de Arturo Lafalla -con el producido de la privatización de EMSE e inversión privada-, pero fue inaugurada por el ex gobernador Roberto Iglesias en 2001. En octubre de ese año un informe del Instituto de Investigaciones Administrativas de la Universidad de San Juan, alertó sobre la presencia de suelos blandos en la zona de paredón de la presa.

Al año siguiente Iglesias (cuyos ministros de Obras fueron Julio Cobos y Diego Grau) ordenó a Cemppsa (Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos SA) integrada por Cartellone y Pescarmona, la construcción del terraplén para lo cual empleó una "orden de servicio". Sin embargo, la obra no se inició y transcurrieron dos años de reparos interpuestos por las empresas privadas.

En 2004, ya con Julio Cobos en la Gobernación, la consultora de Estados Unidos, Geomatrix, ofreció un informe técnico que concluyó que la presencia de suelos blandos cerca de la presa dejaban abierta la posibilidad de una "licuación" y debilitamiento de la muralla, lo que hacía descender los niveles de seguridad por debajo de los reclamados por el Estado.

Finalmente, en mayo de 2005, el gobierno de Cobos firmó un acuerdo con Cartellone en el que la constructora se comprometió a iniciar la obra pero sin que se definiera quién debería hacerse cargo de los costos. Para la empresa se trataba de una obra complementaria y la Provincia debía asumir su costo.

En el medio de toda esta discusión el diputado Ricardo Puga (Proyecto Independiente Mendoza), interpuso una acción de amparo -que prosperó- pidiendo que la empresa construyera el terraplén, para fortalecer un sector del dique. Por lo tanto, Cemppsa construyó la obra pero, a su vez, recurrió a la Justicia.