Aunque la pelea, que incluyó un disparo de arma de fuego sin blanco definido, ocurrió el año pasado, en la audiencia de ayer en el juicio oral y público por ese incidente se habló más de las denuncias por presunta corrupción dentro de la Policía, la mayoría hechas públicas ya seis o siete años atrás.

Fue en el Juzgado en lo Correccional de Olavarría, a cargo de la jueza Cecilia Desiata, donde se está juzgando al oficial de Policía Carlos Alonso, a quien se le imputan los delitos de abuso de armas y amenazas, presuntamente cometidos en contra de Juan Carlos Wilt, ex sargento de la misma fuerza, de la que fue expulsado en una de las purgas realizadas durante la gestión de León Arslanian en la cartera de Seguridad bonaerense.

El juicio podría ser considerado un tema menor si no fuera porque, a pesar de los años transcurridos desde el problema que originó las diferencias entre el ex policía y el policía, en el cúmulo de acusaciones que lanza el denunciante aparecen nombres que estuvieron vinculados de alguna manera con el proceso quizá más importante en la historia judicial de Olavarría: el del asesinato del abogado Marcos Alonso.

Ayer se escuchó concretamente el del empresario del transporte de cargas Oscar Durán, dueño de la quinta que podría haber sido escenario del crimen y donde vivía uno de los dos imputados como autores materiales, y presuntos "arreglos" con la Policía para realizar negocios dudosos.

Una fuente habituada a transitar cotidianamente los pasillos judiciales calificó al juicio por la pelea como "raro", ya que el hecho en juzgamiento parecía ser lo menos importante.

La pelea ocurrió promediando el año pasado en la sede de la subdelegación local de la DDI. Según se planteó en el juicio, Juan Carlos Wilt, que en ese momento trabajaba para la Municipalidad llegó a ese lugar trasladando a un adolescente que había huido de una casa de contención.

Allí se había encontrado con Alonso, suscitándose la discusión que derivó después en un amago de intercambio de golpes y concluyó con el estampido de un arma de fuego.

Uno de los testigos fue el adolescente, quien declaró que presenció una discusión, un fuerte intercambio de insultos y en un momento vio huir a Wilt y a Alonso disparar contra su figura.

Wilt dijo que él no vio disparar a Alonso, por lo que los dichos del chico serían el único indicio incriminatorio contra el oficial, ya que se configura el delito de abuso de armas cuando se tira directamente contra una persona.

El imputado sostuvo que cuando Wilt entró a la dependencia lo saludó con un poco amigable "qué hacés, sorete" para despedirse después con un menos amable "chau, soretón". Aseguró que él no reaccionó, pero en un momento Wilt le habría dicho "a tu hija le va a pasar lo mismo que a Magali (Giangreco, una adolescente asesinada por alguien aún no identificado), amenaza que lo sacó de las casillas.

Luego salieron al exterior, donde se produjo la carrera de Wilt y el tiro, que según Alonso fue disparado al aire, ya que aseguró ser un "experto en armas" y a diez metros de distancia, "si le quiero pegar, le pego".

Después del desfile de testigos, que dijeron cosas coincidentes, la fiscal, Viviana Beytía, pidió para Alonso la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, mientras que el defensor oficial, Martín Marcelli, solicitó la absolución. El fallo de la jueza Cecilia Desiata se dará a conocer el lunes al mediodía.

El caso que terminó con Wilt fuera de la fuerza de seguridad se inició con una denuncia en su contra por la desaparición de la caja de cambios de un camión que estaba secuestrado en la ex Brigada de Investigaciones, actual DDI. Fueron acusados Wilt, el oficial Luis Faure y el cabo Félix Verón, basándose en la supuesta declaración de un testigo de identidad reservada.

Luego se comprobó que ese testigo no había hecho esa declaración, ya que en la época en que fue tomada estaba gravemente enfermo -poco después falleció-, la pericia caligráfica demostró que la firma era falsa y que el número de documento correspondía a otra persona.

En la Justicia los tres policías fueron absueltos, pero el sumario administrativo interno concluyó con la expulsión de todos de la fuerza de seguridad.

Ellos argumentaron que las acusaciones en su contra eran porque no participaban de los "arreglos" en hechos como el robo de camiones y de otros vehículos en el que supuestamente estaban involucrados superiores suyos.

La denuncia que presentaron ellos por las irregularidades en la presentación en su contra se tramita en la Justicia de Bahía Blanca, pero lleva más de cinco años y no parece haber ningún avance en la causa.

Hasta donde se sabe, las revelaciones que hicieron públicamente sobre corrupción en el seno de la fuerza de seguridad nunca fueron investigadas.

En el juicio por el asesinato del abogado Marcos Alonso se vieron indicios sobre la posible existencia de una red delictiva que incluye el tráfico de drogas, venta de autopartes y vehículos robados.

Hasta el momento no ha habido ninguna reacción de la cartera de Seguridad ante esos indicios sobre la presunta participación de funcionarios policiales como cómplices o "protectores" de este tipo de delitos.