La empresa investigada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) realiza actividades que no se encuentran gravadas pero también es proveedora de servicios que están comprendidas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
La Legislatura provincial habilitó el cobro de tasas diferenciales a prestadores y empresas de servicios, que no estén radicadas en Entre Ríos. La prestación de servicios agropecuarios tiene una alícuota de 1,6% para quienes fijen radicación en la provincia, que sube a 2,5% cuando, como en este caso, tenga domicilio fuera de aquí.
La empresa investigada realiza actividades que no se encuentran gravadas pero también es proveedora de servicios (fumigaciones, siembras, labores), que sí están comprendidas en el Impuesto a los Ingresos Brutos en el Código Fiscal vigente. La iniciativa había sido impulsada desde el Poder Ejecutivo, como una forma de equiparar la difícil batalla que llevan adelante los productores ante grandes grupos económicos, que obtienen financiación a partir de fideicomisos y de dineros de procedencia diversa.
En el caso citado, una empresa radicada fuera de la provincia reconoció el requerimiento de la ATER, depositando más de $10,7 millones el día 14 de mayo, aceptando que parte de su operatoria en la provincia se encuentra gravada, ya que hasta la fecha la empresa cumplía con sus deberes formales al presentar su declaración pero con impuesto 0 (cero), autoincluyéndose como actividad primaria, que está exenta.
El pago se enmarca en el importante aumento que tiene la recaudación provincial, con valores muy destacados porcentualmente, entre ellos los del Convenio Multilateral que sube un 44,91% en el primer cuatrimestre y adonde apuntan los cambios en la legislación que se aplican a partir de este año.
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