Tras la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 20 y 21 de la Ley de Presupuesto 2010 dictada por el Superior Tribunal de Justicia y el pedido a la Legislatura para que sancione una nueva norma que responda al proyecto original que fue enviado por dicho Poder, el doctor Gustavo Ariznabarreta, defensor oficial ante ese máximo tribunal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego, dijo en una entrevista exclusiva para EDFM que la decisión de la Corte tuvo por objeto hacer saber que hay un piso mínimo de funcionalidad que debe ser respetado y resguardado.

Aseguró que las acordadas están en sintonía con el principio de intangibilidad y de independencia que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se hace necesario unificar un criterio entre los tres poderes del Estado a los fines de entender cuál es el mejor espacio viable presupuestario, dentro de la realidad financiera de la Provincia. Recalcó la necesidad de establecer un diálogo institucional profundo y que se hizo necesario poner las cosas en su lugar.

El Diario del Fin del Mundo: ¿Qué lectura hace respecto a las dos acordadas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia destinadas a defender el presupuesto del Poder Judicial? ¿Por qué supone que se llega a esta instancia?

Gustavo Ariznabarreta: Se llega a esta instancia, porque el Poder Judicial ha tenido que corregir una distorsión en el equilibrio de los poderes provinciales, dentro de una estructura republicana. El STJ lo que ha hecho con estas dos acordadas, es establecer, indicar, hacer saber, que hay un piso mínimo de funcionalidad que debe ser respetado y resguardado para que pueda funcionar y llevar adelante el propósito constitucional que tiene, y para hacerlo; tiene que efectuarlo resguardando la independencia y la libertad de acción. La realidad que planteaba la Ley 805 (de Presupuesto 2010), es una realidad que implica un ahogo financiero al Poder Judicial, que no solo no le permitiría desarrollar las expectativas necesarias del presente año, tal como la ley de flagrancia y la ley de mediación penal sancionadas por esta legislatura, sino directamente ponía en peligro la propia supervivencia del sistema, como lo expresa el propio Tribunal en la acordada numero 2.

La trascendencia de esta corrección es de una magnitud republicana e institucional suprema, y que responde a los lineamientos que la Junta Federal de Cortes viene sosteniendo, al igual que el Foro Patagónico de Jueces, la Federación Argentina de la Magistratura, el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para la Independencia de los Jueces. Es decir, todos los organismos sostienen, en sintonía con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con todos los Superiores Tribunales de Justicia del País, este principio de intangibilidad, de independencia, y que tiene ver justamente, con el resguardo del poder republicano.

EDFM: ¿Son apelables estas dos acordadas? ¿El Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo pueden apelarlas?

G.A.: Entiendo que no pueden ser apeladas porque no hay sustanciación. Lo que se puede, y esto es muy ligero en lo que digo; que podrían oponer una acción de inconstitucionalidad de las acordadas, que terminaran siendo dirimidas en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

EDFM: ¿A su entender, cuáles son las instancias que siguen a estas dos acordadas? ¿Debe el STJ reunirse con los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para analizar nuevamente el Presupuesto?

G.A.: Creo que esto implica hacer lo que no se hizo en diciembre. Es decir, sentarnos los poderes del Estado y discutir el margen de maniobra que hay, para cumplir con el espacio mínimo que necesita el Poder Judicial para existir.

EDFM: Interpreto que habla de generar un diálogo institucional profundo que abra las instancias que no sucedieron en noviembre y diciembre y que desembocaron en estas dos acordadas.

G.A.: Absolutamente. Partiendo de la base que el proyecto (de presupuesto) que el Poder Ejecutivo envía a la Legislatura no es el que recibe del Poder Judicial, y en esto debemos ser absolutamente claros. El Poder Legislativo no cambió nada, el que lo cambia es el Poder Ejecutivo a instancias de no sé qué decisión inconsulta, ni siquiera comentada. El Poder Legislativo lo que hace, es recepcionar eso y lo sancionó. Más allá que uno puede decir que fue una pena que no convocaran al STJ en ese momento, para verificar si eso estaba bien, si era corregible o si podía generar algún perjuicio funcional. Pero entiendo que hay que poner las cosas en su lugar, porque quien altera el proyecto del Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo.

EDFM: El proyecto original que envió el Poder Judicial ¿qué incidencia tenía dentro de la masa general del Presupuesto aprobado a través de la ley 805?

G.A.: Entiendo que estaba en el orden del 7 por ciento. Por eso creo que el éxito o el fracaso del financiero de la Provincia, para nada dependen, ni está en manos de la estructura del Poder Judicial. Es la que menos costo porcentual tiene, es la que ha mostrado un nivel y una perfomance de efectividad, de presencia y de realidad laboral, distinta a muchos de los espacios del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la incidencia habría que medirla también, en términos de eficacia, de perfiles de accesibilidad a la justicia, de celeridad. Al Juez se le exige que sea rápido, que sea justo, que tenga mayor espacio de litigiosidad, pero cada vez le estamos recortando más el presupuesto. Si uno analiza que un 30 por ciento o más, de lo que se le sacó al Poder Judicial, fue al Poder Ejecutivo, ahí hay una transferencia de recursos que perfectamente implica este menoscabo financiero que desemboca en una posición de debilitamiento de un poder del Estado, que tiene la función de controlar a los otros y que no es poca cosa.

EDFM: ¿Qué supone que sucederá en las próximas horas, o cuál es su aspiración?

G.A.: Yo aspiro a que haya un entendimiento de la real situación del Superior Tribunal…

EDFM: ¿Entendimiento de parte de quién?

G.A.: De parte de los órganos políticos, que tienen que discutir la política institucional en esto. Tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo como del Poder Judicial y que aúnen un criterio a los fines de entender cuál es el mejor espacio viable presupuestario dentro de la realidad financiera de la Provincia para el Poder Judicial. Sin que esto implique, como se está exponiendo, que se va a desvestir un santo para vestir a otro. Que a ojos de la comunidad no solo es simplista, sino mal intencionado, porque es un mensaje muy difícil de digerir, cuando se dice que para que un Juez gane más, hay que desatender a los hospitales, la seguridad, la salud y esto no es así. Una correcta asignación de recursos implica para un buen administrador, poner en equilibrio las cosas, para lo cual hay que hablar con todos, que es lo que no se ha hecho.