El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció que pondrá un promedio de cuatro policías en cada barrio que está en construcción para evitar usurpaciones. Todo esto, por las familias que ocuparon por 24 horas las cincuenta casas del barrio Río Mendoza, en Carrodilla, Luján de Cuyo. Si bien el titular del IPV, Carmelo Simó, había anunciado semanas atrás que reforzarían la seguridad después de los incidentes en el Parque Indoamericano, en Capital Federal, ahora informaron la misma para prevenir esas situaciones. En total serán 10 los barrios custodiados, los mismos que Simó indicó el 21 de diciembre a El Sol. Las casas que fueron ocupadas ayer están a 50 por ciento de su construcción y calculan que estarán lista en unos cinco meses.

Esta situación se repite en varios barrios, por lo que el IPV los tiene en la mira. Sin embargo, los hechos que tanto se temía que ocurrieran sucedieron. Juan Videla, secretario técnico del IPV, explicó que ellos se harán cargo del costo que implique colocar a los cuatro efectivos por obra (dependiendo del tamaño de la construcción) y que, después, la empresa asuma la responsablidad de reforzar la cantidad de serenos. “Hemos tenido una reunión con los inspectores para que vayan a las comisarías y presenten un proyecto de seguridad. También estamos previendo mejorar el cierre perimetral de las obras. Por suerte, ayer no se robaron nada, según nos ha comentado la empresa”, comentó Videla.

CUSTODIA. Juan Carlos Caleri, titular de la Dirección General de Policías, explicó un día después de las declaraciones de Simó (22 de diciembre) que ya habían designado “varios móviles” para patrullar determinadas zonas. Igual, la policía no pudo evitar que el lunes a la noche 50 familias usurparan viviendas. Caleri reiteró que se mantienen alerta “por si llegara a ocurrir algún acontecimiento similar”. INOPERANCIA. Los diputados radicales Roberto Infante, Fernando Barrigón, Alejandro Molero, Néstor Parés y Alexander Mazza culparon al Gobierno de los hechos sucedidos en Carrodilla, ya que lo acusan de desmanejo e inoperancia en cuanto a la política de vivienda. “Durante tres años de gestión sólo ha logrado levantar 614 casas de gestión propia a través del Plan de Emergencia Habitacional, porque el resto son las que se iniciaron en el gobierno de Julio Cobos”, afirmaron los legisladores.

Además, recordaron que, a principios de diciembre, un proyecto de resolución del diputado Infante fue aprobado por unanimidad. Allí se le advertía al Gobierno “evitar el retiro del Estado de sus funciones indelegables de brindar seguridad a los ciudadanos y de respetar y hacer respetar la ley, dictando una normativa similar a la del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el conflicto del Parque Indoamericano”. Además, se había acordado la exclusión automática de todo ingreso a planes de vivienda social y a cualquier otro plan social a futuro, perdiendo los mismos si los poseyera, a toda persona que incurra en el delito de usurpación de terrenos.

“NO SURGEN DE MANERA NATURAL”. El gobernador, desde Buenos Aires, también se refirió al tema al anunciar que “hay muchas de estas situaciones no son cosas que surgen de manera natural”, y aclaró: “Espero que me equivoque”, destacando que la desocupación del barrio fue gracias a la intervención de la Justicia y la policía.Por eso, Jaque elogió la actuación de la fiscal especial Claudia Ríos, que “no hace como otros, que miran para otro lado. Hay que destacar que la liberación de lo usurpado se hizo con la intervención de la Justicia y en paz. No hubo inconvenientes. Lo que posteriormente pasó (una intensa apedreada contra la policía) fue con gente encapuchada con otros objetivos, aparentemente. Con la aplicación de la ley garantizamos el ejercicio de los derechos. Al que actúe fuera de la norma, hay que aplicarle la ley”.

El gobernador dijo que en todo momento estuvo informado de lo que pasaba y que no dejó de dar instrucciones sobre cómo hacer las cosas y que el desalojo se produjo “con total normalidad”. Sin embargo, señaló que los incidentes que terminaron con dos efectivos heridos y dos personas internadas en el Hospital Paroissien (una de ellas embarazada) fueron culpa de varios jóvenes que tenían las caras cubiertas. En tanto, el intendente de Luján, Omar Parisi, señaló: “No es casual que, el mismo día de la toma en Carrodilla, otro grupo de personas hacía piquetes frente a la Municipalidad.

Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay”. Además, también dijo que coincide con el gobernador en que el conflicto ha sido dirigido aprovechando las necesidades de la gente. “No voy a decir quiénes fueron porque no tengo pruebas”, comentó Parisi. A su vez, el ministro Francisco Pérez señaló: “Es sospechoso este tipo de situaciones, porque no surgen de forma espontánea. Hay alguna presunta manipulación del hecho”.