Funcionarios provinciales utilizan los bienes del Estado como si se trataran de los suyos. Dirigentes pasan de un cargo a otro en la administración provincial pese a los notorios fracasos en sus gestiones. Legisladores se van de un partido al otro sin importarles en qué contexto fueron votados. La clase política salteña sigue dando muestras de seria incapacidad para representar a sus ciudadanos, agobiados por una pobreza que crece sistemáticamente sin que el Estado tome grandes cartas en el asunto. El gobernador Juan Manuel Urtubey, lanzado de lleno en su campaña por la re-relección, practicó una leve despegada del intendente Mazzone, pero en ningún momento se escuchó de su boca una condena flagrante hacia sus andanzas con menores de edad. ¿Por qué no lo hizo? Probablemente para no desprestigiar públicamente a un aliado político de su proyecto, aún a costa de un debilitamiento de su propia imagen.

Esto no es nuevo en el mandatario, ya que tampoco se explayó mucho tras el escándalo en Derechos Humanos con una camioneta oficial y nunca dijo nada sobre su viaje en el avión de la Provincia solo tres horas antes de un partido de River. El silencio muchas veces es salud, sin embargo, en este contexto se parece mucho más a complicidad.