Puede decirse que existen dos perspectivas con respecto a la participación en la vida democrática en general y en las políticas POLITICASpúblicas en particular. En una perspectiva, la participación es un hecho excepcional que se reduce al voto cada dos años y al seguimiento del cumplimiento de la ley; en la otra -que se liga con la frase histórica que sostiene que “el pueblo quiere saber de qué se trata”- se postula una participación continua y activa en las cuestiones que lo afectan.

En la primera, prima la razón técnica, los equipos trabajan encapsulados en gabinetes de “expertos”; en la segunda, es una construcción conjunta; nadie sabe mejor que el ciudadano que es lo que se necesita; no hay objeto de las políticas públicas, sino siempre sujetos activos.

Nuestra sociedad ha desarrollado -sobre todo a partir de la recuperación de la democracia a fines de 1983- variadas opciones para canalizar el interés de los ciudadanos por los asuntos públicos.

Uno de los caminos para esta participación es la militancia partidaria. Asumida con responsabilidad, es una correa de transmisión para que los diseñadores de políticas conozcan los intereses de la población. Ahora, claro, demanda una cantidad de tiempo que no muchas personas están en condiciones de disponer.

Otra forma de participación se realiza a través de ONGs dedicadas al seguimiento y control de algún tipo determinado de políticas públicas, como por ejemplo las políticas sanitarias, medio ambientales, educativas o de seguridad, entre otras. Estas organizaciones, realizan indudablemente una tarea loable -producen información, investigan, sugieren posibles cursos de acción- pero no debe perderse de vista que responden a grupos de interés –ideológicos, económicos, sociales – y que tal es la orientación de su participación.

Las organizaciones sociales encarnan otra perspectiva vital de la expresión ciudadana sobre la marcha de los asuntos públicos. Esta participación suele ser tumultuosa y, en ocasiones, contraproducente, ya que, por ejemplo, un grupo muy activado políticamente pueda imponer decisiones que no son las que (re)quiere el conjunto. Más allá de lo dicho, casi siempre su expresión es de signo positivo, sobre todo cuando logra hacer visible situaciones de grupos sociales que tienen dificultades para hacer oír sus reivindicaciones.

En suma, y volviendo al inicio de la nota, quien puede dudar de la importancia del rigor técnico para el diseño y desarrollo de políticas públicas, pero tal instancia no puede pasar por sobre los intereses y perspectivas de los ciudadanos. Y si estos han construido una subjetividad contradictoria con el saber técnico, el espacio público y democrático es el lugar ideal para dirimir las diferencias.

Por lo tanto, toda iniciativa para ampliar y fortalecer las distintas posibilidades de participación ciudadana en los asuntos públicos redundará en mejores políticas públicas, y será, en definitiva, una importante contribución al fortalecimiento del sistema democrático.

Hablamos sobre la participación social en los asuntos públicos a través de mecanismos institucionales o mediante organizaciones de la sociedad civil. También mencionamos, un poco al pasar, los momentos singulares en los cuales determinados grupos (colectivos sociales), ante una situación que los conmueve, se movilizan espontáneamente o de forma más o menos organizada, pero siempre directa para obtener reivindicaciones u objetivos que consideran justos y necesarios.

Estas situaciones se producen, por ejemplo, cuando algún grupo se moviliza para intentar incluir su problemática de manera inmediata en la agenda gubernamental (damnificados por una catástrofe, carecientes de viviendas, pobladores de áreas alejadas) o presiona al gobierno para que adopte medidas en función de sus propios intereses (fomento del agro, localización de medidas de seguridad, regulación del transporte público).

Desde 2003 en adelante, el Estado se ha autolimitado en el uso del recurso más evidente que es la disuasión mediante el uso de la fuerza, cuyo monopolio ejerce. Aunque históricamente haya sido la herramienta más utilizada, y alguien pueda argüir que en determinadas situaciones es imprescindible su uso para evitar males mayores, no deja de ser una respuesta primaria, limitada y parcial.

A esta altura de nuestro recorrido democrático, un desafío gubernamental es lograr que el Estado esté en condiciones de aplicar otras respuestas suficientemente rápidas, eficaces y creativas ante cualquier caso de movilización popular, de manera tal que se pueda superar la situación que la origina.

Un punto de partida en esa dirección es no demonizar ni temer estas expresiones, sino considerarlas como parte de un proceso de legítima expresión de actores sociales, aunque se trate de expresiones lideradas por grupos políticos minoritarios que pretenden imponer decisiones que no son las que quiere la mayoría. En este último caso, se trata de tener la suficiente fortaleza para que no exista desborde o descontrol y para que se reafirme el camino elegido por las mayorías.

Pero más importante todavía que lo anterior, es reconocer que las políticas públicas no ocurren en el vacío, sino que son respuestas a las necesidades de la sociedad. De toda la sociedad. No solamente de aquellos que tienen las necesidades básicas satisfechas, sino de aquellos que, justamente, tienen carencias o sufren discriminaciones.

Es por ello que, quienes tenemos responsabilidades de conducción sobre la Administración Pública, debemos tener el oído atento para escuchar reclamos y trabajar para construir estructuras públicas de suficiente capacidad profesional junto con normas que permitan enfrentar este tipo de situaciones de forma ágil y flexible.

* Horacio Cao es Doctor de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y Secretario de Gestión Pública de la Provincia