"Dejaremos la confrontación, para abocarnos al diálogo", confesaba Sapag en aquel cálido diciembre del 2007 momentos antes de asumir la gobernación.

La relación de su antecesor, Jorge Sobisch, con el matrimonio presidencial era de continuos conflictos y un diálogo empantanado. El nuevo mandatario provincial pretendía modificar radicalmente este escenario. Apostaba a un cambio de estrategia aliándose al gobierno nacional, con la expectativa de importantes beneficios económicos para la provincia.

Siete años después, el proyecto Chihuido duerme en los despachos oficiales de algún ministerio nacional y la intervención del mercado energético se potenció generando millonarias transferencias de recursos desde las provincias hidrocarburíferas hacia la administración central.

Un reciente informe elaborado por la consultora Economía & Regiones (E&R) detalla que durante el período 2003-2012 Neuquén dejó de percibir, solamente por las regulaciones del mercado petrolero, algo más de 17.000 millones de pesos en regalías.

Por otra parte, técnicos de E&R aseguran que las pérdidas de ingresos para las arcas neuquinas por menores regalías de gas estarían superando holgadamente los 10.000 millones de pesos en este mismo período, aunque aclararon que éstas son estimaciones, ya que no tienen "los números finos del estudio" para este fluido.

Eso sí, en línea con su estrategia, el gobierno de Jorge Sapag en todo este tiempo apoyó con sus diputados y senadores, casi a libro cerrado, la mayoría de los proyectos enviados por la administración Kirchner al Congreso Nacional, mostrando así un alineamiento incondicional con el poder central.

Neuquén, tal lo destacan las estadísticas privadas, fue la provincia más afectada por la intervención del mercado energético argentino en esta última década.

Subsidió con millonarias sumas que salieron de la producción de la provincia al sistema nacional implementado desde la administración Kirchner a partir del 2003, perdió la posibilidad de recibir importantes inversiones en materia energética en todos estos últimos años y dejó de coparticipar los nuevos impuestos nacionales que comenzaron a regir para la actividad (por ejemplo, retenciones a las exportaciones), quedando toda esta recaudación en manos del gobierno central.

Por otra parte, las continuas promesas de la administración nacional con megaobras para la provincia, buscando compensar todos estos desvíos, nunca terminaron por llegar.

Está claro que algo falló en estos últimos años.

La reciente historia argumenta que la estrategia de la administración Sapag para con el gobierno nacional terminó por generar un quebranto significativo en la provincia. Los números finales de estos siete años de gestión así lo determinan. Miles pueden ser los argumentos de este fracaso. Políticamente tal vez se puede pensar que no existieron los funcionarios adecuados para demostrarle a la administración Kirchner todo lo que estaba entregando el pueblo neuquino al modelo nacional y popular, sin recibir nada como contrapartida.

Independientemente del análisis que se quiera hacer, Neuquén y la gran mayoría de las provincias hidrocarburíferas perdieron una oportunidad única al dejar pasar una década con precios del crudo en sus máximos históricos en el mercado internacional e inversiones ávidas de colocar sus fondos en la industria ligada a la actividad.

El gobierno nacional, a partir del 2003, apostó al corto plazo trasladando la mayor parte de los costos de la regulación del mercado energético a las provincias. Los gobernadores no sólo perdieron ingresos que les hubiesen permitido equilibrar sus cuentas fiscales, también cedieron la potestad del control de sus recursos.

Lamentablemente, el devenir de la política continúa afectando negativamente la salud económica y financiera de las provincias productoras energéticas.

"La política de precios regulados e impuestos a la exportación desincentiva los sectores productores regionales y, sobre todo, arremete contra las cuentas públicas de esas jurisdicciones, que ven disminuidos sus ingresos por regalías", señala en uno de sus párrafos el informe de E&R.

Por otra parte, el menor nivel de actividad (implícito en la caída de la producción de hidrocarburos) impacta en la recaudación provincial, haciendo que las provincias deban buscar fuentes alternativas de financiación como aumentos impositivos o emisiones de deuda.

De esta manera, señala el estudio privado, las provincias productoras sufren doblemente las consecuencias negativas de la actual política energética, puesto que además de padecer la caída de su nivel de actividad, pierden ingresos por regalías y recaudación propia. Todo confluye en otra manifestación del retroceso que ha padecido el federalismo fiscal en la última década.

La historia

En 1992 la ley 24145 transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias; la misma ley también privatizó YPF.

La fuerte inversión de principios de la década del 90 permitió que la producción se incrementara hasta alcanzar un pico máximo de 47 millones de metros cúbicos (m3) en 1998. A partir de allí, el estancamiento de nuestra economía que devino en la crisis del 2001 afectó el nivel de actividad del sector, que cayó sostenidamente hasta la actualidad.

En ese entonces la producción de crudo estaba concentrada entre las provincias del Neuquén (36%), Santa Cruz (26%), Mendoza (14%), Chubut (13%), Río Negro (4%) y Tierra del Fuego (4%).

Ahora bien, la devaluación del 2002 elevó la participación del sector petrolero en el producto bruto geográfico (medido a precios corrientes) e incrementó la participación de las regalías en la estructura fiscal de las provincias productoras. Resultó fundamen-tal para corregir los déficits fiscales de estas jurisdicciones, dado que además de licuar gastos (sobre todo en personal), triplicaba los ingresos en pesos por regalías.

Paralelamente, la política monetaria laxa de Estados Unidos provocó un fuerte avance del precio de los commodities en general y del petróleo en particular. De modo que el precio internacional del crudo se incrementó un 220% entre el 2003 y el 2008, alcanzando su récord histórico en torno a los 100 dólares el barril ese año.

En pocas palabras, el precio récord junto con la devaluación del peso –que triplicaba los ingresos del sector medidos en moneda local– podrían haber incentivado la producción interna.

Sin embargo, con el objeto de contener el costo de vida y estimular el nivel de actividad (brindando energía barata), la administración Kirchner desdobló el precio interno respecto del internacional mediante retenciones a las exportaciones y precios máximos a las ventas minoristas.

A modo de ejemplo, en el 2008 el precio internacional duplicaba con creces el valor promedio doméstico: mientras el barril de crudo (WTI) cotizaba a 100 dólares en el mundo, el interno ascendía a 47 dólares.

Esta política generó desincentivos a invertir en el sector, haciendo que la producción se redujera hasta su mínimo histórico de 29 millones de mv en el 2011.

Lógicamente, las provincias cuyas exploraciones habían sido más antiguas comenzaron a tener rendimientos marginales decrecientes y se vieron más afectadas por el proceso de desinversión. Tanto fue así que las principales regiones petroleras (Chubut, Neuquén y Santa Cruz ) redujeron su participación en la producción nacional.

Por lo tanto, la caída de la producción afectó tanto a los productos geográficos (PBG) como a las cuentas públicas provinciales que dependían en gran medida de estos ingresos.

Paralelamente, el ingreso por retenciones a las exportaciones de crudo (no coparticipables) representó/a una fuente adicional de recursos para la Nación; lo que implicó/a una redistribución de ingresos desde las provincias petroleras hacia el gobierno nacional.

Ni el efecto (nominal) de la devaluación ni el aumento del precio internacional (que arrastraba el precio doméstico) alcanzaron para contrarrestar la caída en la producción de crudo. De modo que los ingresos por regalías del consolidado de provincias petroleras cayeron, sostenidamente, en términos relativos.

Es decir, el ratio de regalías sobre ingresos corrientes se redujo desde un 18% en el 2004 al 9% en el 2012. Incluso algunas provincias –como es el caso de Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego– sufrieron aun más la pérdida de recursos.

El actual escenario ya cumplió su ciclo para el gobierno nacional.

A través de una mirada netamente cortoplacista, con la intervención del mercado energético la administración Kirchner se hizo, en esta última década, de importantes partidas de dinero que le permitieron sostener el gasto público en forma discrecional.

Agotado el modelo, la administración central fue el año pasado tras la estatización de YPF para mantener la transferencia de recursos que ingresaban vía el mercado energético.

Pese a que los gobernadores no lo admiten públicamente, las provincias hidrocarburíferas seguramente volverán a ser la variable de ajuste de esta nueva estrategia del gobierno central.