En una nota publicada este lunes por el diario La Nación, se hace referencia a la promulgación de la Ley de Paisaje Protegido. También está la palabra de un empresario minero que anuncia "juicios" y del gremio AOMA. Un conflicto que se nacionaliza.
Durante décadas, y por la calidad de su material, las sierras fueron explotadas para extraer de sus entrañas el granito que, por ejemplo, forma parte de calles adoquinadas de la ciudad de Buenos Aires, o generó el concreto utilizado por la industria de la construcción en edificios y caminos.
Sin embargo, aquella tarea artesanal realizada a fuerza de mazas, pinchotes y brazos de picapedreros dejó paso a voladuras y piedra molida con maquinaria, con lo que el ritmo de explotación creció exponencialmente y avanzó sobre las sierras, lo que provocó el nacimiento de un movimiento ambientalista que buscó proteger el paisaje. Al mismo tiempo, la ciudad creció, y las canteras quedaron muy cerca de las zonas urbanas.
El punto culminante de este clamor proteccionista se produjo días atrás, cuando en la provincia se sancionó una ley que declara paisaje protegido las sierras ubicadas en el área delimitada por las rutas nacional 226 y provinciales 74 y 30, lo que implica el cese de la actividad minera en esa zona en un plazo de dos años, que regirá desde su reglamentación.
Desde el punto de vista político, la ley fue movilizada conjuntamente por el gobernador Daniel Scioli y el intendente radical Miguel Lunghi, quienes, tras una serie de desencuen-tros y avances sobre letras finas, alcanzaron un consenso y celebraron juntos, con el apoyo de buena parte de la comunidad tandilense, motorizada por un movimiento ambientalista, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras.
La ley que regula la actividad minera establece que, en un año, las tres canteras actualmente en funcionamiento en el área en cuestión deberán presentar un plan de reconversión del terreno explotado, y cesar definitivamente su trabajo extractivo en 12 meses más.
Si bien todavía la ley no fue reglamentada, se supone que la reconversión que deberán realizar las canteras Carba, El Naranjo y Montecristo -las tres más importantes, que actualmente realizan voladuras- apuntará a su valorización turística, ya que los cientos de hectáreas de sierras que ocupan son elegidos por tandilenses y visitantes para realizar excursiones, caminatas o competencias deportivas. Así como para Scioli la norma "permitirá ordenar Tandil, desde el punto de vista ambiental, y motorizará aún más el turismo de la zona", para el intendente se trata de "una verdadera epopeya de todos los tandilenses", ya que frenó no sólo la "destrucción irracional del granito, sino también las consecuencias negativas sobre las viviendas de la zona".
Pero esta algarabía no es compartida por todos, y puso en pie de guerra a las canteras afectadas, que representan un tercio de las que funcionan en el partido. Y ya amenazaron con realizar millonarias demandas contra el Estado provincial, por considerar que se trata de una "expropiación que avasalla derechos".
"Actividad lícita"
Miguel Blanchard, titular de Carba, la cantera más importante de la zona, con un predio de 500 hectáreas de sierra, defendió el funcionamiento de la actividad, resaltó que se trata de una actividad perfectamente lícita regida por el Código Minero Nacional y contrarrestó las críticas ambientalistas. "Sólo realizamos la explotación en un área que representa el 1 por ciento de nuestra superficie. ¿Esto pone en riesgo una sierra? La razonabilidad dice que no", dijo.
"Somos una industria extractiva, con un impacto visual, pero teníamos en marcha un plan de mitigación aprobado, para llevar adelante en 24 años, que ahora nos piden hacer en dos", protestó. También resaltó que el cese de la actividad minera previsto perjudicará a más de un centenar de empresas.
"Esta ley es lo peor, porque no gana nadie. Quedan las cavas en las que se hacen las extracciones actualmente; queda gente sin trabajo y quedan juicios", amenazó. Sin embargo, dijo confiar todavía en el diálogo con la provincia a la hora de la reglamentación de la ley.
Lo mismo plantea el titular del gremio del que dependen los trabajadores, Marcelo Marcovich, ya que, si bien reconoció que la ley plantea que cada empleado de las canteras involucradas será indemnizado y recontratado por la provincia o el municipio, "sólo la letra fina definirá lo que ocurra".


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