El viento cambió de orientación en Brasil. El día viernes, a las 6 de la mañana, comenzó con una operación judicial-policial que debía demostrar que “nadie está por encima de la justicia”, en este caso el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer, en cambio, hubo una fuerte controversia entre juristas y miembros del poder judicial sobre la naturaleza de la acción. Y el juez Sergio Moro, uno de los actores clave en los últimos acontecimientos, se vio obligado a justificar su metodología. Fue en un comunicado oficial, dirigido al Ministerio Público Federal. Allí aclaró que llamar a declarar al ex jefe de Estadofue “una medida investigativa”, pero que “de ninguna manera significa anticipar su culpa”.

En la nota lamentó “que las diligencias hayan llevado a puntuales confrontaciones políticas inflamadas, con agresores e inocentes”. Admitió que “eso era precisamente lo que se quería evitar” con la “conducción coercitiva” . Añadió: “Este juez... repudia cualquier acto de violencia, ofensas o amenazas a investigados, partidos políticos e instituciones constituidas”. Era casi un pedido de disculpas frente a numerosos colegas, muchos de ellos inclusive contrarios al PT y a su dirigente Lula, que cuestionaron la decisión del magistrado de Curitiba de llevar al ex gobernante a testimoniar por la fuerza, sin que mediara una citación previa o una resistencia suya al mandato judicial.

Los juristas alegaron que según la práctica judicial debe “invitarse” al testigo o investigado a prestar aclaraciones. Solo en caso de que éste rechace o no comparezca “debe emitirse mandato de coerción”. Moro se había defendido la noche del viernes: “Mediante la conducción coercitiva son menores las posibilidades de que ocurran esas manifestaciones que no son totalmente espontáneas...y previene de incidentes que pueden involucrar lesión a inocentes”. El propio magistrado tuvo que retroceder ayer, por obra y gracia de los enfrentamientos que se vivieron el viernes entre partidarios y adversarios de Lula.

Juristas de todas las tendencias expresaron sus cuestionamientos. El constitucionalista Lenio Luiz Streck sostuvo: “Este viernes vimos un espectáculo lamentable. Y quedará marcado como el día en que un ex presidente de la República fue ilegal e inconstitucionalmente detenido por algunas horas”.  En la visión de este especialista, la conducción coercitiva de Moro “hecha fuera de la ley es una prisión, así sea por unas pocas horas”. En el mismo tono se pronunció Marco Aurélio Mello, ministro de la Corte Suprema brasileña e histórico crítico de Lula: “Me preocupa ver un ex presidente de la República que haya sido conducido por la fuerza a declarar”. El magistrado consideró que la Policía Federal debería haber “observado parámetros normales”, lo que significaba –dijo— intimarlo a declarar en vez de llevarlo contra su voluntad. “Esto llegó a un extremo” sintetizó. La jueza Ivana David, del Tribunal de Justicia de San Pablo, indicó: “El Código del Proceso Penal determina como pre requisito para la conducción por la fuerza que haya una intimación anterior y la resistencia de la persona a comparecer, que no es el caso”.

Las formas, en este caso, produjeron un efecto si se quiere “indeseado” para el propio Moro, que podría eventualmente opacar el proceso del Lava Jato. Pero este distó de ser el único problema que presentó la operación Alétheia descerrajado el viernes por los hombres del grupo de tareas del juez. Curiosamente, el site brasileño “Cidadania” (Ciudadanía, en español), cuyo director no oculta sus simpatías por Lula y el PT, tuvo acceso y publicó el 26 de febrero la siguiente información: la inminente deflagración de una acción jurídico-policial, en lo que conformaría la fase 24 del proceso conocido como Lava Jato,  que debía alcanzar directamente al ex presidente Lula, su familia y sus amigos. Traía también, en la publicación, un listado con nombre de las personas que serían sometidas al minucioso examen judicial. Estas tendrían quebrado el secretario bancario y sus domicilios serían objeto de allanamientos. Justamente, se trata nada más ni nada menos de quiénes el viernes, es decir una semana después, vieron inspeccionados sus domicilios y abiertas sus cuentas. No debe llamar entonces la atención que uno de los agentes de la Federal, que participó de la operación en el Instituto Lula, haya declarado a la prensa brasileña: “Encontramos los cajones vacíos”.