Según el gobierno, la Seguridad Social -que actualmente goza de un superávit de más de 80.000 millones de dólares- tiene fondos para pagar las pensiones de jubilación hasta 2023 y, si se utiliza el fondo de reserva, se podría llegar a 2030. Pero no puede garantizar estar en condiciones de hacerlo después de ese año.

Los sindicatos creen que la reforma impulsada por el gobierno español responde a las exigencias de los mercados financieros, es innecesaria y supondrá un recorte de derechos para los trabajadores. Pero el gobierno argumenta que, a mediano plazo, aumentará el número de jubilados frente al de trabajadores, que son quienes aportan a los sistemas de seguridad social.

Para 2029, la población mayor de 64 años se duplicará y representará el 31,9% del total en España, según datos oficiales. Y si a estas personas en edad de jubilación, según las leyes actuales, se les suman los menores de 16 años, la edad a partir de la cual se permite trabajar en el país, la población "dependiente" será casi del 50% del total, lo que significa que habrá 10 trabajadores en actividad por cada nueve españoles "dependientes".