Todo comenzó en noviembre, pocos días antes de la toma del parque Indoamericano. En ese momento, comenzaron a levantarse una docena de casillas sobre las veredas de las avenidas Lafuente y Riestra, en el Bajo Flores. Asentando una ocupación que hasta el día de hoy continúa.

Esa zona del Bajo Flores tiene una particularidad: en un radio de cuatro manzanas conviven el campo de deportes del Instituto Cultural Marianista, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Club Daom, la Asociación Argentina de Arbitros y el Club Italiano, entre otras. Son 22 instituciones que desde hace 25 años integran la Federación de Entidades del Parque Almirante Brown (FEPAB), en el polígono formado por las calles Lacarra, Perito Moreno, Varela, Cruz, Castañón, Barros Pazos, Mariano Acosta y Castañares.

Tal vez "apurada" por la proximidad del inicio de clases, la titular del juzgado Nº 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Amanda Alvaro, libró una orden para que se efectúe el desalojo de las aceras y calzadas con el objeto de “liberar el espacio de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda” y ordenó que el lunes 21 de febrero se restituyan "espacios públicos a la Ciudad”.

Pero alegando “razones operativas”, la policía Federal se negó a intervenir. Lo mismo sucedió después con la fuerza Metropolitana. “A esto se sumó que el defensor oficial Javier de la Fuente, apeló la medida”, señalaron fuentes judiciales. La apelación tuvo que ver con que no se cumplieron algunos procesos previos, como la realización de una audiencia que permita oír a todas las partes involucradas, o darle intervención a la Asesoría Tutelar.

Con la intervención de la Defensoría, el fallo -que aseguraba que “a partir del 24 de noviembre de 2010, en horas de la noche, personas previamente organizadas” realizaron “un loteo de dicho espacio, rompiendo mediante perforaciones el pavimento, como así también paredes y alambrados”, para construir un asentamiento precario- pasó a la Cámara de Apelaciones y esto puso en puntos suspensivos el proceso de desalojo, que el lunes pasado era inminente.

Según la orden judicial a la que tuvo acceso LPO, el Ministerio Público Fiscal destacó que “la precariedad de las estructuras levantadas, los materiales utilizados y la falta de servicios básicos como agua, gas y electricidad, generaban un riesgo de infección que ponía en riesgo tanto la vida de los vecinos del barrio como de los habitantes del asentamiento”. También se precisa que de “166 casillas, sólo 70 tenían signos de ocupación”.

Fuentes de la Legislatura porteña, indicaron que en este caso quedó evidenciado que en la Ciudad se están enfrentando dos modelos, el que ordena la liberación por la fuerza pública, y el que propone la intervención de organismos de seguridad social y el diálogo para dar solución a la problemática de la falta de vivienda.