De este modo, albergan el dinero de las personas más ricas del mundo, que encuentran una salida “legal” a la evasión de impuestos que debieran pagar en sus respectivos estados. Dicho sea de otro modo, las empresas operan realmente en, por ejemplo, la Argentina, pero como tienen sede en Panamá, Bahamas o Islas Caimán, no pagan los impuestos del país en el que trabajan sino los del país en los que están radicadas.

Existe un número considerable de empresarios y políticos argentinos que han montado compañías en paraísos fiscales, esto no es ninguna novedad. Especialmente a partir de la irrupción de los Panamá Papers y los Bahamas Leaks.

En el caso de los Panama Papers, se logró desnudar un oscuro entramado de paraísos fiscales que albergaban el dinero de grandes empresarios, deportistas y políticos, quienes de este modo lavaban una gran cantidad de dinero y evadían impuestos.

Los Bahamas Leaks, por su parte, abarcan información sobre 175 mil sociedades constituidas en Las Bahamas entre 1990 y 2016, como así también sobre sus directores.

Uno de los argentinos implicados en el escándalo de los Bahamas Leaks es Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar, es accionista de no una sino tres sociedades off shore: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá.

Es a este oscuro empresario al que el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires que preside Matías Lanusse acaba de prorrogarle el contrato. Fue a través de la resolución 16E de la jefatura de Gabinete de Ministros bonaerense que conduce Federico Salvai. Ahora, la empresa podrá continuar llevando adelante sus negocios en el mundo del juego y el azar.

Tan redituables son los acuerdos que lleva adelante que en diciembre de 2016 le ganó la pulseada a la empresa Comercial del Plata y se quedó con la totalidad del casino de Tigre, la mayor sala de juegos de la provincia de Buenos Aires, luego de pagar la módica suma de 140 millones de pesos.