El senador del Pro, Gustavo Cairo, ha tirado una piedra y espera las respuestas. Es que ha presentado un proyecto polémico que podría estar reñido con la Constitución provincial. Pero, aún así, el macrista lo presentó con el ánimo de armar el debate. ¿De qué se trata el proyecto? Exigirle a todos los candidatos a cargos electivos que tengan el secundario completo.

Para el hombre común, la exigencia no es descabellada. Para acceder a un empleo, la exigencia existe, pero para cualquier cargo electivo no se pide el certificado analítico. “Estamos sancionando guardiacárceles por ‘truchar’ el título secundario, que es una exigencia. ¿Por qué no a los funcionarios que acceden a cargos por el voto de la gente?”, dice.

La propuesta es provocativa, pero, según el senador radical Juan Carlos Jaliff, “para mí choca con los artículos 65, 72 y 77 de la Constitución provincial”. ¿Qué dicen esos artículos de la Carta Magna mendocina? Son los que establecen las condiciones para ser electo legislador provincial.

En el 65 se establecen las restricciones: no pueden ser legisladores los eclesiásticos, los condenados mientras dura la condena, los que estén cumpliendo prisión preventiva en delitos no excarcelables y “los afectados por incapacidad física o moral”.

En el 72 se establece que, para ser diputado, hace falta ser ciudadano (nativo o con 5 años de obtenida por vía legal, ser mayor de edad y, al menos, dos años de residencia en la provincia. En el caso del 77 dice que para ser senador, además de los requisitos de los diputados, tener 30 años de edad.

Nada se dice acerca de la formación académica, pero “si los ciudadanos pueden elegir, también pueden ser elegidos”, dice Jaliff. Lo que esgrime el radical es lo que se conoce como el principio de la igualdad en la representación.

Pero, además, se sostiene que aquello que no está expresamente prohibido, entonces está permitido y los ciudadanos pueden elegir a quién se les dé la gana o, como se dice, “al que se le parezca”.

El problema es que el artículo 16 de la Constitución nacional expresa que “todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

De acá parte el supuesto de Cairo, sobre todo cuando la obligatoriedad de la enseñanza media avanzó desde la implementación de la Ley Federal de Educación, allá en la década del ‘90: “el Estado Provincial le garantiza a todos los habitantes de la Provincia el acceso a la educación pública gratuita y obligatoria desde los 4 años y hasta los dieciocho años de edad, organizada en tres niveles: inicial, general básica y polimodal”, dice el senador.

Más aún, Cairo cita el Escalafón del Empleado Público, dónde se establece como requisito el cumplimiento del nivel medio de enseñanza, en acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Provincial, dónde se indica que “todos los argentinos son admisibles en empleos públicos de la provincia sin otras condiciones que su buena conducta y capacidad, en todos aquellos casos en que esta Constitución o la ley no exijan calidades especiales”.

“Un legislador decide sobre el destino de millones de pesos cuando vota el presupuesto. Eso requiere alguna calidad especial” dice el senador Cairo.

Por el oficialismo nadie quiso opinar al respecto, al menos hasta no leer el proyecto. Aunque, parece que, cuando el oficialismo va a pelear voto a voto para la aprobación de la reforma constitucional, nadie quiere atacar frontalmente, a pesar de que el propio Cairo ya anunció (junto con el demócrata Carlos Aguinaga) que votarán en contra de la iniciativa oficial.