Ayer tuvo lugar en el Concejo Deliberante un nuevo debate sobre el polémico proyecto de ordenanza que busca ordenar la Concertaciones Público Privada de la ciudad de Córdoba y que ahora serán normadas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo sobre convenios urbanísticos.

La comisión de Desarrollo Urbano recibió ayer a Eduardo Ricci, del Colegio de Arquitectos, a Teresa Pereyra del Colegio de Ingenieros, y nuevamente al subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Juan Giunta.

Si bien desde los distintos sectores aplauden la apertura de la discusión de un tema que consideran fundamental para elaborar y definir la política que la ciudad seguirá en materia de desarrollo urbano, también hubo objeciones. Entre las principales, se ubican los cuestionamientos sobre la falta de precisión respecto a los porcentajes del beneficio que quedará para el municipio.

Al respecto, la ingeniera Pe-

reyra solicitó que el proyecto exprese “mayor claridad” en los porcentajes del artículo 14º que refiere justamente a los parámetros de determinación del beneficio y participación del municipio. En ese punto, el inciso A2 dice textualmente: “La participación del municipio representará un porcentaje no menor al 15 % de la superficie neta urbanizada y/o el número de parcelas resultantes por las nuevas condiciones”.

Ante esas inquietudes, desde el municipio Giunta dijo que algunos aspectos quedarán definidos vía reglamentaria y recordó que es una ordenanza que trata la excepcionalidad y debe estar fundamentada en los convenios. “Con esta excepción habría un incremento en el uso del suelo o un cambio en el uso, por ejemplo una parcela que no era fraccionada pase a fraccionarse. No usamos la palabra plusvalía porque no es directa, usamos la palabra beneficio porque es directo a la propiedad”, agregó el funcionario.

A su turno, Olga Riutort calificó a la iniciativa como un instrumento financiero que debería “tener las excepciones y los porcentajes de beneficios en claro para que sea transparente. Hay que debatirlo mucho y no remitir todo a la vía reglamentaria”. La titular del bloque Eva Duarte remarcó su preocupación por los porcentajes de ganancias de los beneficios que obtiene el municipio “sobre todo porque, en los artículos 14 y 15, ni el porcentaje del 15% ni el 10% se definen como m2 de tierras o pesos a recibir; simplemente, establecen el 15% de lo urbanizable, sin precisiones”. El presidente de la comisión Javier Bee Sellares aseguró que en el articulado del proyecto se determina en la superficie neta urbanizada cuál es el beneficio que recibirá el municipio.

Por su parte, el concejal Esteban Dómina solicitó que el proyecto contenga zonas vedadas, como las áreas verdes, ya que nuestra ciudad está por debajo de la mitad de lo que aconseja la OMS y solicitó que se especifique cuál será el beneficio para la ciudad.

El proyecto seguirá en estudio de la comisión y se cursarán invitaciones a la red Ciudadana Nuestra Córdoba, al Foro Ambiental y a la Cámara Desarrollista para escuchar sus sugerencias.