El Artículo 133 del proyecto de Ley de Presupuesto ha encendido las alarmas entre algunos legisladores de la oposición. "Para mí, el artículo es inconstitucional, por lo menos tal como está redactado por el Poder Ejecutivo", dice el diputado Luis Petri (UCR).

En ese apartado, en caso de ser aprobado por la Legislatura tal como viene, se establece la creación de dos cargos de rango intermedio en la jerarquía de la Asesoría de Gobierno y tres en la Fiscalía de Estado; todos con la posibilidad de ejercer las funciones de sus jefes, en caso de enfermedad, ausencia o acefalía.

Y este es el motivo de la alarma. "Tanto (César) Mosso Giannini como (Joaquín) De Rosas, están en edad de jubilarse. Este gobierno va a dejar gente en condiciones de cumplir con las funciones, sin las garantías constitucionales y la independencia necesarias para cumplirlas.

Cualquier funcionario que esté habilitado para asumir esa responsabilidad tiene que ser elegido de la misma forma que el asesor o el fiscal de Estado", propone Petri y sus palabras se refieren a que, por mandato de la Constitución, ambos funcionarios son elegidos con acuerdo del Senado y su remoción requiere de un trámite mucho más complicado que pedirle la renuncia.

De acuerdo al texto del citado artículo 133, se propone crear en el ámbito de la Asesoría de Gobierno las direcciones de Asuntos Judiciales y de Asuntos Administrativos, mientras que en la Fiscalía de Estado las fiscalías adjuntas de Investigaciones Administrativas, de Asuntos Ambientales y de Asuntos Administrativos y Judiciales.

La designación de quienes ocuparán estos cargos será realizada por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de ambas reparticiones. Para dejar sin efecto los nombramientos deberá contarse con el consentimiento de los mencionados funcionarios proponentes en cada caso. Por último, tanto fiscal como asesor deberán elevar al gobernador una propuesta de reglamento en el que se establezcan las funciones, atribuciones y responsabilidades de esos cargos.

Sí, pero...

La alarma radical se refiere a los futuros funcionarios, particularmente a los que se desempeñarán en la Fiscalía de Estado, nombrados en estas condiciones y que pueden ser removidos tan fácilmente, lo que los transforma en débiles a la hora de controlar la legalidad o el perjuicio para el Estado de cualquier medida que tome el gobierno de turno.

"Se somete a la Fiscalía a los designios del Ejecutivo, cuando por la Constitución se trata de un órgano extrapoder", dice Petri.

Más allá de las prevenciones, los radicales no tendrían problemas en debatir este tema en una ley aparte. "Incluso, podría ser bueno para Mendoza nombrarlos", dice Petri. Por lo que no hay un "no" cerrado a la propuesta, aunque aclara que no puede tratarse este tema "en una ley que tiene una vigencia de un año, como es la de Presupuesto".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Jorge Tanús, dice con el espíritu conciliador propio de su función que "todo es discutible". "Sabemos que esto abarca más de una gestión de gobierno, por lo que pretendemos que salga por consenso", remarca.

Otro opositor, el senador cobista Juan Carlos Jaliff (que también adhiere a la tesis de tratarlo en un proyecto aparte), quiere citar a los dos titulares de esos organismos, César Mosso Giannini y Joaquín De Rosas, y despejar las dudas.

Del lado del Partido Demócrata parece haber más permeabilidad. "Tiene que haber participación legislativa, pero no me parece mal que se mejore la estructura de esas dos reparticiones para defender eficientemente los intereses de la Provincia. Me parece bien que el gobernador lo haya incluido en el Presupuesto", sostiene Aldo Vinci.

En tanto, Mosso Giannini dice que la creación de esos nuevos cargos en la Asesoría "debería haberse hecho hace mucho tiempo. Es una necesidad porque no hay cuadros intermedios. Una necesidad no de la Asesoría, sino de la Provincia" y explica que hacen falta esos mandos medios para coordinar mejor la tarea de quienes trabajan en la repartición.

Para calmar las dudas, el asesor de Gobierno explica que las funciones de los nuevos funcionarios "no podrán exceder las de la Asesoría" y no cree "que el gobernador rechace la reglamentación que propongamos". Por otro lado, explica que sus ausencias en la Asesoría responden a "situaciones excepcionales", pero que es necesario prever los reemplazos.

Además, recuerda que De Rosas, antes de ser nombrado efectivamente como fiscal, fue subrogante de Pedro Sin cuando éste último se jubiló y que, durante esa situación, nadie obstruyó su tarea y que, en la Ley de Ministerios, ninguna secretaría o dirección (salvo contadas excepciones) tiene más grado de definición que la mera mención, puesto que es "el ministro quien define las atribuciones" de las dependencias que dependen de cada cartera.