Los ciudadanos bolivianos participarán el 16 de octubre de un inédito proceso electoral para designar jueces con el voto popular. La fecha fue definida ayer por el Tribunal Electoral en medio de un persistente debate sobre quiénes serán los candidatos de estos novedosos comicios que buscan transparentar el cuestionado Poder Judicial del país.

La convocatoria busca cubrir 56 puestos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Los candidatos –éste es uno de los puntos más polémicos- serán nominados por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista , lo que previsiblemente daría ventaja al gobierno de Evo Morales, según advirtieron opositores y expertos en temas judiciales.

Hay que tener en cuenta que d e esta elección surgirá el Tribunal Constitucional que podría dirimir una eventual reelección de Morales en 2015 . El mandatario anticipó su deseo de presentarse nuevamente, pero hay algunos cuestionamientos legales ya que la Constitución establece que el presidente puede ser reelecto “por una sola vez de manera continua” y que los mandatos anteriores a la reforma de 2009 “serán tomados en cuenta”. Morales sostiene que su primer mandato no cuenta.

Otra de las cuestiones que levanta sospechas en esta particular elección es la prohibición, de manera expresa, de brindar cualquier información sobre los postulantes que no sea elaborada y difundida por el órgano promotor, es decir la Asamblea Legislativa. Además prohíbe a los medios de comunicación que habiliten espacios de opinión para los candidatos o que se los entreviste, tema que levantó una ola de críticas.

Las organizaciones privadas y la oposición denunciaron que esto es una limitación a la libertad de información porque, de esta manera, la población sólo contará con la versión oficial del candidato. Para justificar esta medida, Morales argumentó que así “no habrá padrinazgos políticos ni ventajas mediáticas para ser electos, y se podrá garantizar una Justicia independiente”. Los sindicatos de prensa y los medios vienen reclamando que se eliminen esas prohibiciones.

La Justicia es uno de los poderes que tiene peor imagen en Bolivia. Sus miembros, hasta ahora, eran designados por el Parlamento y el Gobierno. Y muchos de esos procedimientos no siempre eran transparentes. Teniendo en cuenta estos cuestionamientos, Evo había incluido la reforma en su plataforma electoral.

En el acto donde se anunció la fecha de los comicios, Morales sostuvo que “antes había una distribución de cargos”, ya que los magistrados eran habitualmente nombrados por favor político y por las clases dominantes. A su juicio, las elecciones en las urnas de las autoridades judiciales “dignificará la abogacía y la Justicia”.

Para Convergencia Nacional, la principal fuerza de oposición, con esta reforma el gobierno de Evo Morales sólo intenta “ copar los tribunales ”.