Demoras en los pagos y aranceles desactualizados provocan que varios profesionales de la salud hayan optado por dejar de atender con obras sociales y se hayan volcado a atender únicamente de manera particular, mientras que el cobro de plus aparece como un motivo más para que los afiliados se atiendan en hospitales públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) sanciona a unos 30 prestadores al año por percibir este ítem de manera irregular.

La situación representa una dificultad para quienes necesitan atención y deben cambiar de profesional en caso de no querer o no poder afrontar el pago por su cuenta.

Los doctores se quejan de que algunas obras sociales incumplen con los plazos para abonar los honorarios y, principalmente, que los montos no se condicen con la marcha de la economía. Por ello, señalan que son víctimas de destrato.

Mientras tanto, algunos afiliados a obras sociales se encuentran con cupos para la atención, sobre todo en algunas especialidades. “Los médicos estamos bastante heridos; te pagan a destiempo, pagan poco, no tenemos paritarias”, señaló Luis Flores, titular del Colegio Médico de Misiones. Añadió que los aranceles suelen aumentar “entre un 6 y un 10 por ciento, cuando los sueldos lo hacen en el orden del 30 por ciento”.

Analizó que “es un problema serio a nivel nacional: las obras sociales tienen honorarios bajísimos”. Flores cuestionó el trato al afirmar: “Las obras sociales entienden que no hay relación de dependencia, pero estamos en relación de dependencia, sólo que con los honorarios que fijan como quieren”.

“No tenemos injerencia ni en el IPS, estamos castigados hasta el hartazgo, nos exigen un buen procedimiento o nos hacen juicio, y a las obras sociales no se les exige nada”, disparó el titular del Colegio Médico.

En este contexto, son varios los prestadores que optaron por cobrar un monto extra para atender a los afiliados, contrariando los convenios firmados.

Esto lleva a que muchos opten por los hospitales públicos y otros centros asistenciales estatales. Para el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Martín Cesino, la oferta del sistema sanitario provincial es responsable de esto, tanto en las consultas como en los tratamientos de mayor complejidad. Sin embargo, aclaró que “los que vienen con obra social reciben el mismo trato que el resto, solamente que después les cobramos a las obras sociales por las prestaciones. La gente se acostumbró a ir al hospital público”.

Aranceles y cobros en negro

Los prestadores aseguran que las obras sociales, además de pagar con demora, lo hacen en base a honorarios desactualizados.

“Deberíamos cobrar 300 pesos por consulta, pero la obra social que más nos da paga 140 pesos”, cuestionó el médico Flores.

“A nosotros nos dan entre 50 y 100 pesos por consulta, que tendría que estar entre 200 y 300”, indicó Guillermo Rivero, titular de la Federación Odontológica de Misiones.

El profesional de la salud bucal graficó que “los aranceles suben por la escalera y los insumos van por el ascensor”.

Además, señaló que “los insumos son un 80 por ciento importados, e incluso con el dolar quieto cuesta conseguirlos. A principios de año faltó anestesia y subió el precio; todo eso incide”. Reconoció sin embargo que las principales dificultades en el recupero se dan con las firmas de medicina prepaga.

En este contexto, varios prestadores optan por el cobro de un plus, práctica por fuera de las normas si se concreta sin emitir factura. De acuerdo a lo relevado por El Territorio, es más habitual en especialistas.

Sobre este particular, Sandra Montiel, presidenta del IPS, la obra social de la Provincia, detalló que en el último tiempo diez prestadores fueron dados de baja definitivamente del padrón del organismo por este motivo, y que unos 30 por año son suspendidos.

“Hace cuatro años, por resolución del directorio, se sancionó una normativa para que los afiliados puedan denunciar el cobro de plus de médicos y todos los prestadores, a través de un 0800, vía web o con la presentación en persona”, indicó la funcionaria.

Montiel explicó que la posibilidad de denunciar de manera anónima contribuye, dado que en muchos casos los pacientes establecen una relación de confianza con el profesional que puede verse afectada con la presentación.

Una vez hecha la denuncia, se notifica al prestador y también al colegio, asociación de profesionales o unidad de gestión. Si la práctica condenada específicamente por los convenios que se firman se reitera, el prestador queda suspendido por 60 días y no puede facturar al IPS. Cumplido ese plazo se le vuelve a dar el alta, pero si nuevamente se corrobora que percibe plus, se lo elimina del padrón de prestadores.

“En estos cuatro años, el afiliado se anima cada vez más a denunciar. Lo que se sanciona es el cobro en negro, porque si se da una factura, el afiliado puede gestionar el reintegro, y lo mismo si el profesional no trabaja con obra social. Nosotros aumentamos anualmente los aranceles que pagamos, y abonamos la primera o segunda semana de cada mes, no tenemos mora”, afirmó la titular del IPS.