Explicaron que “no se trata de una “empresa sojera”, un reduccionismo muy frecuente, para denostar a la empresa y el acuerdo, sino de la mayor proveedora de carnes, hortalizas, frutas, cereales y oleaginosas de la República Popular China, lo cual abre para nuestras producciones un abanico indescriptible de alternativas agroalimentarias”.

En relación a la “concesión de un puerto”, la sola lectura de los acuerdos permite demostrar que se trata de indicar el procedimiento por el cual la empresa puede realizar una propuesta de construcción de una nueva Terminal portuaria, en el marco de la Ley Provincial Nº 3484 que en su artículo 1º señala: “El Poder Ejecutivo podrá convocar a concurso de proyectos o dar curso a propuestas que surjan de iniciativas privadas que tengan como objeto la incorporación de capital privado para la explotación de un bien, actividad o emprendimiento…”

El articulado de la citada norma establece los requisitos y procedimientos previstos, que contempla la más amplia difusión de la propuesta, no inhibe la presentación de otros oferentes y requiere el dictamen vinculante e irrecurrible, de una comisión específica, que integran representante del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

La Nota de Tiempo Argentino incorpora la opinión de Eduardo Barcesat quien dice “El acuerdo sojero de la provincia con los chinos es efectivamente nulo, porque saltea todos los escalones legales de la Constitución provincial”. Por lo que recomienda “…anularlo de forma urgente…”

Más allá de reiterar el reduccionismo al referir a un “acuerdo sojero”, erróneamente considera que no se ajusta a lo establecido en la Constitución Provincial, en tanto requerirían la ratificación legislativa. Cosa que no es así en tanto se trata de convenios entre un Estado y una empresa, status que lo aparta de un tratado internacional (que sólo lo es cuando vincula dos Estados) y que en tal caso sí debe dar intervención a la Legislatura

Manifiesta” …a contradicción de los acuerdos con el impulso a la Ley de extranjerización de la tierra….” En tal sentido es un deber aclarar –una vez más- que tal como señala el convenio no se entrega patrimonio provincial, sino que se pone a disposición la información para que los inversores evalúen la factibilidad técnica, económica y financiera de ejecutar proyectos de infraestructura de riego, drenaje, electrificación a nivel extrapredial e interior a los campos.

Tales proyectos deberán contar con el acuerdo de los propietarios, toda vez que se trata de tierras privadas, no estatales, y de las autoridades productivas, ambientales y de aguas y energía del Gobierno Provincial.

En tanto se trata de inversión directa y no se ha previsto la enajenación de tales establecimientos, ni la transferencia a favor de los inversores, no contradice una eventual “ley de extranjerización”.

El artículo continúa denunciando que “la concesión de tierras en el valle inferior del río Negro para la cosecha de soja”, se hace “a cambio de una inversión de sólo U$S 1500 millones”

Como se señalara las tierras no se concesionan, ni está previsto la producción de soja, como único ni principal cultivo. En ningún lugar el convenio hace referencia a soja u otra especie a producir.

Como no se menciona el monto total del proyecto, que no se puede dimensionar sino cuando esté formulado, pero aún así resulta sorprendente que se menoscabe si se considerara de 1.500 millones de dólares. Lo cual demuestra la única intención de descalificar una inversión de tamaña magnitud.

Cabe informar que es pretensión de la provincia, no expresada en el acuerdo marco, pero sí a contemplar en futuros específicos, que las obras a ejecutar sean financiadas a los productores mediante créditos con tasa internacional preferencial, no mayor al 4 % anual, amortizables a veinte años y a pagar con productos que se acuerde realizar.

Una nueva imprecisión y desconocimiento surge de la apreciación de Barcesat cuando “…responsabiliza al Gobierno de Saiz como al Instituto de tierras provincial” No existe tal Instituto, tal vez se refiera al IDEVI… Es osado opinar sin conocer.

Sus opiniones están más fundadas en el recurso de amparo presentado por la Legisladora Horne, que antes que sustentarse en la letra de los convenios lo hace en supuestos, interpretaciones o trascendidos, más basados en intencionalidades políticas que en la verdad.

Es evidente la intención de ensombrecer los acuerdos antes que bien informar.

Por eso repite palabras de la Legisladora cuando –erróneamente- sustenta su amparo en que “la Legislatura no aprobó ningún punto del acuerdo” y el “Poder Ejecutivo esquivó la estructura de poderes y dio vía libre a un convenio de forma inconsulta”

Como se dijera no se está ante un tratado internacional sino un convenio con una empresa que aún siendo estatal no constituye un Estado, por lo que no obliga al Gobernador a la ratificación Legislativa sino a informar lo actuado, cosa que ya se hizo en diciembre de 2010, cuando el Ministro Accatino presentó y entregó los acuerdos a la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial.

Sorprende al periodista que la provincia mediante apoyo logístico, técnico y normativo y gestiones ante otros organismos, facilite la formulación de los proyectos y las inversiones, así como que se pueda disponer del uso del aeropuerto, aeroestación administrada por la Fuerza aérea y de uso público.

Desconoce que en Patagonia los avances se logran por acuerdos público/privado ya que las condiciones geográficas, climáticas, edáficas, económicas y geopolíticas son incentivos insuficientes para captar inversores que lleguen en forma espontánea, cosa que si puede ocurrir en la pampa húmeda, donde a las ventajas que brinda la naturaleza se suman las que históricamente han consolidado este modelo de país centralizado en servicios y beneficios.

Finalmente cabe señalar que el Gobernador Miguel Saiz ha puesto en marcha un plan agroalimentario, que en sus primeros años ha permitido incorporar más 20.000 ha a la producción intensiva en valles de climas templados, en predios y con inversión privada.

Esta política de acercamiento a la más dinámica economía emergente, se enmarca en un escenario nacional e internacional con oportunidades favorables para los agroalimentos y se alinea con iguales objetivos e Interlocutores que aquellos con los que acuerda en forma sostenida el Gobierno Nacional.

Sólo que en este caso no se trata de oportunidades comerciales solamente, sino que se promueve la inversión extranjera directa, en acuerdos con los propietarios, amortizables a largo plazo y con pago en productos, para incorporar nuevas tierras a la producción sustentable y generar empleo nacional.