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El brutal asesinato del taxista Antonio Toledo, y del masivo reclamo popular por mayor seguridad, parece haber puesto al tope de la agenda política fueguina la necesidad de dotar a la Policía de más efectivos.

Según precisó la flamante secretaria de Seguridad, Graciela Arguello, "en un principio estábamos hablando de 150 (efectivos) que era lo que el Estado podía sostener en la Escuela de Policía durante 6 meses, que es el tiempo mínimo para que salgan como agentes. Ahora hemos llevado la cantidad a 300 y hay que ver de qué manera podemos financiarlo", ya que precisó que esas incorporaciones representaría una erogación no presupuestada para 2010 de 2,6 millones de pesos por mes. "Esos recursos no los tenemos y por eso estamos trabajando para presentar un proyecto en la Legislatura", señaló en declaraciones a Radio nacional Ushuaia el viernes pasado.

De acuerdo al acta compromiso rubricada por el Poder Ejecutivo el miércoles pasado con representantes de los taxistas, remiseros, colectiveros y comerciantes, el proyecto apuntaría a lograr una ampliación presupuestaria de las partidas asignadas a la Policía mediante la afectación de un 10% de la coparticipación primaria para constituir un fondo destinado a atender los servicios de salud, educación y seguridad, y a que el parlamento autorice a afectar integralmente el recupero de los créditos CRECE al área de seguridad.

En conjunto, estas dos medidas permitirían al Poder Ejecutivo contar con, como mínimo, unos 125 millones de pesos al año para atender las necesidades de los servicios de Salud, Educación y Seguridad. Pero, claro, la afectación de esos recursos supone, en principio, la necesidad de abordar una discusión política Ejecutivo–Legislatura–Municipios hasta ahora postergada y que se anticipa no será de simple resolución.

En la coyuntura, y para dar una rápida respuesta al reclamo de mayor presencia de efectivos policiales en las calles, la gestión Ríos resolvió restringir al máximo la cantidad de personal policial que cumple funcionares administrativas para afectarlos a tareas de prevención del delito.

Una demostración de falta de previsión

Las dos decisiones anunciadas por el Ejecutivo no hacen más que demostrar la imprevisión con que se ha venido manejando el tema seguridad en la Provincia. El déficit en materia de inversión presupuestaria para seguridad no es nuevo, a punto tal que en el proyecto de ley presupuesto 2010 que la administración Ríos presentó a la Legislatura en agosto del año pasado 2009.

Si bien se destacaba con un hecho positivo "la reducción notable de gastos que ha tenido en lo que va del año (2009) la Fuerza policial, en comparación con los períodos anteriores" ya que ello "no ha sido causa de un menor servicio sino todo lo contrario", se indicaba que se consideraba necesario "la incorporación de un importante número de profesionales y de personal de categorías POMyS y PAyT como personal civil dependiente de la fuerza, en cuyo casi se recurrirá en primera instancia a concursos internos en le ámbito de la administración con personal que actualmente reviste en la planta del Estado". Lo que marcaba un reconocimiento sobre la necesidad de contar con más efectivos cumpliendo tareas específicas de seguridad.

Desde aquél entonces hasta la semana pasada poco o nada parece haberse hecho para cumplir con aquél objetivo, aún cuando esa decisión política no implicaba una mayor erogación presupuestaria que la prevista para este año.

A fines del 2009 tampoco parece haberse tenido en cuenta la real necesidad de recursos económicos para atender las necesidades de funcionamiento de la Policía, ya que el presupuesto para el área fue sometido por el Parlamento al mismo recorte que se aplicó al resto de las partidas que integran el presupuesto provincial. Decisión esta que, según se dijo, respondió a la necesidad de ajustar los gastos a las previsiones de ingresos del estado fueguino.

Aún cuando la situación financiera de la Provincia ha mejorado algo en función de los mayores ingresos de origen nacional y los provenientes de la recaudación impositiva local, el incremento no sería de magnitud tal como para que el Gobierno provincial esté en condiciones, por sí solo, de afrontar una mayor inversión en materia de seguridad sin desatender otras obligaciones (salud, educación) que le son propias por Constitución, pero a las que también deberían colaborar para su sostenimiento los Municipios con un, tal vez, mayor compromiso que el existente hasta ahora.

El compromiso ante la crisis

Es bien sabido que ante una determinada situación de crisis, como en este caso podría se calificada la carencia de herramientas adecuadas por parte del estado para dar respuesta en materia de seguridad, se hace necesaria la colaboración de todos los sectores afectados para superarla rápidamente.

En este caso, y no hay duda sobre ello, la responsabilidad primaria es del Estado, en todos sus estamentos, lo que no exime también al sector privado de aportar su esfuerzo para alcanzar su objetivo.

Claro que para exigir a otros este mayor compromiso es el propio Estado el que debe dar el ejemplo, y para ello tal vez nada mejor que un gesto de desprendimiento de aquellos que por voluntad popular han sido elegidos para representarlos y de quienes por voluntad de los electos ocupan cargos dentro de la estructura política del Estado.

A lo largo de este año se han dado tanto en el estado provincial como municipal recomposiciones salariales para los empleados públicos de carrera, que por aplicación de distintas normativas se han trasladado automáticamente a las remuneraciones de los funcionarios políticos.

No sería entonces un mal gesto que estos funcionarios resignaran voluntariamente este incremento en sus remuneraciones para destinarlo a un fondo afectado a financiar, aunque más no sea parcialmente, la inversión necesaria para dotar a la provincia de 300 nuevos efectivos policiales y permitir que la fuerza cuente con los insumos diarios indispensables para poder brindar de manera más eficiente a la ciudadanía la reclamada seguridad.

Este gesto permitiría, no sólo obtener casi un 50% de los fondos necesarios para atender esa erogación, sino que también daría autoridad moral para reclamar un mayor esfuerzo tributario al resto de la sociedad.