Diego Alejandro González, de 32 años, martirizado con crueldad el sábado 12 de mayo de este año en la seccional Primera de Policía de Olavarría, sufre ataques de llanto repentinos y se altera visiblemente cuando en la calle se cruza con un patrullero.

Mientras González intenta reconstruir, con escasas herramientas, una vida que se redujo a escombros, los acusados de ser los autores materiales de sus suplicios gratuitos perdieron prácticamente toda esperanza de volver a caminar libremente por las calles hasta el momento en que un tribunal decida sobre su destino.

Es que el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul denegando el recurso presentado por los defensores de los imputados reafirma lo actuado por la fiscal Susana Alonso y avalado por el juez de Garantías Carlos Villamarín, que consideran a tres policías como los probables autores penalmente responsables del delito de torturas, una figura que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión, idénticas a las previstas para el homicidio simple.

Ahora que el expediente será devuelto por la Cámara a la UFI de la doctora Susana Alonso, comenzará a definirse la situación legal de las otras personas que pueden ser acusadas de delitos conexos con el hecho investigado, las que en opinión del juez Villamarín deben ser al menos otras cuatro, ya que hoy, además de los tres hombres que ven pasar los días desde detrás de los muros de la cárcel de General Alvear, hay un subcomisario imputado del delito de haber omitido denunciar las torturas sufridas por González.

Las partes fueron informadas el viernes de la resolución de la Cámara pero hasta ayer no habían leído el texto, pero en general coinciden que ya hay muy pocas chances de que los acusados logren la excarcelación antes del juicio, cuya fecha de realización es hoy imposible de pronosticar.

A la luz de los elementos obrantes en el expediente judicial y de las resoluciones del juez Villamarín al dictar la prisión preventiva y de la Cámara de Apelación al denegar los recursos defensistas, pareciera improbable que los tres acusados, el capitán Néstor Rodríguez y los oficiales Nicolás Manuel y Edgardo Constancio, puedan eludir una dura sanción penal.

Por eso ahora la mayor parte de los interrogantes giran en torno de los otros posibles involucrados penalmente, con las previsibles derivaciones de carreras truncas y, en el peor de los casos, una posible estadía en prisión.

Esto, inevitablemente, mantiene en vilo a todos los policías que tuvieron la mala fortuna de estar trabajando ese sábado y tuvieron contacto de una u otra forma con González, sea trasladándolo hasta la comisaría, al Hospital o, simplemente, estaban en la dependencia cuando ocurrieron los acontecimientos que hoy analiza la Justicia.

También debe haber una lógica preocupación por las disonancias entre las declaraciones testimoniales donde se da cuenta de que González se puso violento cuando los policías lo despertaron de su pesado sueño de borracho en el sector del golf del Club Atlético Estudiantes y otras que dicen que nada de eso ocurrió.

González, quien declaró haber bebido vino, cerveza y ginebra para llegar a un estado posiblemente no demasiado lejano del coma alcohólico, sólo recuerda que se despertó por los golpes que estaba recibiendo mientras se encontraba en la cocina de la seccional Primera.

Hay algunas diferencias importantes entre declaraciones tomadas por los policías en el momento en que trataban de encauzar las cosas hacia una simple contravención por ebriedad y desorden y las que se formularon ante la fiscal Susana Alonso cuando ya estaba en marcha la investigación por el delito de torturas.

De todos modos, aunque se sospeche que no todos los testigos dijeron todo lo que observaron, lo que hay es suficiente para que tanto el juez Villamarín como la Cámara de Apelación y Garantías consideren que Rodríguez, Manuel y Constancio fueron los autores materiales de las torturas.

Los dos primeros son los que se encuentran quizá en peor situación, ya que de las declaraciones que figuran en la causa aparecen ellos junto a la víctima en la cocina, mientras que Constancio estaba sentado en un banquito ante la puerta impidiendo el paso a quien quisiera entrar.

Y varios vieron, según sus testimonios, a Néstor Rodríguez calentando agua en la tetera marrón con sarro que hoy forma parte de las pruebas incriminatorias. Según dijo la víctima, se calentó agua al menos "unas diez veces" para luego arrojársela al cuerpo, al punto que presentaba quemaduras en el 22 por ciento de su anatomía.

Tal vez sea un consuelo para Diego González y un alivio para el resto de la población que los autores de delitos aberrantes terminen purgando largas condenas, pero eso es seguramente insuficiente para cicatrizar las heridas que le dejó en el alma y la mente el martirio vivido tres meses atrás.

Hoy se encuentra prácticamente imposibilitado de trabajar y los daños psicológicos parecen haber sido gravísimos. Es evidente, según allegados, que necesita de un apoyo psicológico profesional y permanente.

Hoy es una más de las víctimas que carece de una ayuda que sólo puede proporcionarle hoy por hoy el Estado o algún organismo de los que se afanan en defender la dignidad y la vida.