Durante todo ese tiempo, el padre de Castañeda no dejó de buscar a los responsables del homicidio y el caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Finalmente, en 2007, el ministro de Gobierno de Julio Cobos, Sergio Marinelli, reconoció ante los abogados de la familia, Diego Lavado y Carlos Varela, los hechos perpetrados por miembros de la fuerza policial.

Finalmente, en marzo de este año, Naciones Unidas se expidió y condenó a la Argentina en un hecho inédito, ya que era el primer fallo de este tipo por una muerte ocurrida en democracia.

Por la muerte de Castañeda, Mendoza deberá abonar una suma indemnizatoria a la familia de Castañeda (no se coloca la suma por cuestiones de seguridad). Según explicaron en Casa de Gobierno, el gobernador Celso Jaque firmó esta mañana el decreto, que ahora deberá ser enviado a la Legislatura provincial para que sea este el que ratifique el pago.