Así quedó establecido en el decreto provincial nº 232 que lleva la firma del gobernador Martín Buzzi y la refrenda del ministro coordinador de Gabinete, Miguel Castro. El instrumento legal precisa en su artículo primero que este requerimiento alcanza tanto a organismos centralizados como descentralizados, entes autárquicos y Sociedades del Estado, sea para funcionarios o empleados públicos que se desempeñen de manera permanente o transitoria.

Además, se indica que los exámenes pertinentes deberán ser realizados en hospitales públicos sin excepción, “bajo la reserva y confidencialidad conforme lo establece el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina”, aclarando que los mismos se desarrollarán periódicamente de manera rotatoria.

Esta medida se encuadra en acciones que el Estado Provincial lleva adelante para combatir el consumo de sustancias que de alguna manera pudieran afectar la salud poblacional.

En este sentido, se expresa en el decreto que atento a la Ley nº 23.737 que sanciona la tenencia, consumo y tráfico de estupefacientes; “el Poder Ejecutivo no puede tolerar el consumo porque el mismo se encuentra vinculado de manera directa al tráfico”.

Se señala asimismo que combatir este tipo de prácticas es premisa tanto del Gobierno Nacional como Provincial, por lo que “se tomarán todas las medidas destinadas a tal fin” y se considera que es “incompatible que un funcionario o empleado público represente intereses relacionados con el tráfico de estupefacientes”.