Uno de los puntos que dificultan la permanencia es la falta de un marco regulatorio legal, la otra cuestión es la presión que viene ejerciendo la AFIP, básicamente para que los motoristas sean “blanqueados” laboralmente.

Marcelo Gómez, es el responsable de una de esas empresas en General Pico y al igual que sus colegas, teme por la continuidad del sector: “nuestra actividad tiene una antigüedad no mayor a doce o trece años, nunca se encuadró en un determinado rubro ni tiene un marco legal específico. No formamos parte de ningún rubro comercial, obviamente carecemos de un convenio laboral, etc. Esto ocurre a nivel país, no es algo que afecta únicamente a quienes trabajamos en esta ciudad. Ultimamente a nivel nacional se ha lanzado una especie de regularización que consistía en blanquear a los cadetes y registrar al servicio en una determinada categoría de Monotributo, pero han tomado los valores que se cobran en Capital Federal. Allí un mandado ronda entre los 40 y 60 pesos, acá la mayoría se cobran 8 pesos”.

“Es imposible cumplir-agregó-con estos requerimientos que plantea la AFIP. En los últimos días hemos recibido inspecciones las agencias que contamos con habilitación comercial, la gente de la AFIP exige que se blanquee al personal y realmente por los valores que manejamos es imposible. Los cadetes son permisionarios, trabajan con una determinada comisión”.

Gómez recordó que “hace varios años, yo llevaba un par de ellos en la actividad, presenté un proyecto en el Concejo Deliberante para tratar de normalizar la actividad en General Pico pero prácticamente no se le dio importancia. En uno de los recambios de autoridades el señor Miguel García se interesó en la cuestión, me llamó y comenzaron a trabajar en esa iniciativa, la que luego transformaron en ordenanza pero que no tiene en cuenta por ejemplo la participación en el mercado de la competencia desleal. En el 2012 se buscó de hacer algo pero quedó en intentos, seguramente que hay temas más importantes que este por lo que pienso que han postergado su tratamiento”.

Ochenta personas podrían quedarse sin trabajo

El titular de la cadetería “La Ciudad” señaló también que “nosotros tenemos habilitación municipal pero no tenemos un orden legal que nos proteja de la competencia desleal y que proteja también a los cadetes. La ordenanza habla de cuales son nuestras responsabilidades ante el municipio y como deben estar preparadas las agencias. Acá debe haber un marco de alcance provincial para que la actividad quede nomenclada en algún rubro comercial”.

Por otra parte Marcelo Gómez explicó cuales son los efectos que pueden generarse a partir de las exigencias que ha planteado la AFIP en las últimas inspecciones, donde además se han labrado actas de infracciones que obligan a los titulares de las cadeterías a hacer desembolsos importantes de dinero en concepto de multas: “en principio obligan a blanquear los cadetes, algo que es imposible. Nosotros alrededor de treinta cadetes para generar el uno por ciento del movimiento que pueden generar empresas de mayor envergadura con una idéntica planta de personal. En cargas sociales esa cantidad de gente haría que hubiera que pagar alrededor de 60 mil pesos, algo que es imposible por el movimiento que tenemos. Nos obligan a retrotraer la situación laboral tres o cuatro años para atrás, lo que significa que tenemos que pagar una cantidad de dinero que es imposible reunir. Si esto queda firme estamos condenados al cierre y al abandono de la actividad”.

Al ser consultado respecto de la cantidad de gente que podría quedarse sin trabajo, estimó que “teniendo en cuenta la cantidad de personal que depende de las tres empresas que nos dedicamos a la cadetería, hay que pensar que se quedarían sin trabajo alrededor de 80 vecinos. Haremos lo imposible para mantenernos y apelamos a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que se interesen en la problemática. Le preguntamos a la AFIP que podíamos hacer, ellos nos contestaron que solo son inspectores y que tienen que hacer cumplir las disposiciones. Por eso es que tenemos que recurrir al Concejo Deliberante, en mi caso particular le he mando cartas a diputados provinciales y a los legisladores nacionales que representan a La Pampa, el único que ha mostrado interés es el diputado Daniel Robledo y un concejal. Básicamente necesitamos que encuadren legalmente la actividad”.

Salida laboral para estudiantes

Según explicó Gómez la cadetería se ha convertido en una salida laboral para personas de diferentes edades y la relación laboral que une a los titulares de las agencias con los cadetes, pasa por la liquidación de comisiones: “quienes se encargan de hacer los mandados están a comisión, son permisionarios. Nosotros trabajamos con empresas a las que se le factura mensualmente de la manera que establece la AFIP; en ese sentido tenemos todo en regla. Cerrar las puertas de las agencias significaría que 80 familias se queden sin su sustento diario, hay estudiantes trabajando en este servicio, que para solventar la carrera universitaria han tomado esta actividad con una salida laboral para costear los estudios”.