La gobernadora Fabiana Ríos promulgó las leyes que aumentan la carga impositiva, para mejorar los recursos propios; crean un fondo especial para hacer frente a los gastos en educación y salud; y derogan la polémica Ley 648, dando por concluida así una discusión política que comenzó en febrero y se mantuvo durante todo el año 2012, lo que terminó con el «sabor amargo» de una solución por vía judicial que hizo fracasar el diálogo política.

Mediante el decreto 2911/12 se promulgó la Ley 905 que establece el presupuesto 2013, donde se procedió a derogar la Ley 648 y se determina una nueva metodología para asignar los recursos mínimos para el sistema educativo de la provincia.

Además, en el presupuesto se procede a una quita del 25% sobre la coparticipación de los tributos provinciales a las municipalidades, lo cual implica una quita de alrededor de 106,2 millones, sumando los fondos que les corresponderían a las municipalidades de Ushuaia y Río Grande (es decir, que cada una resignaría alrededor de 50 millones de pesos).

Por el decreto 2912/12, quedó promulgada y en plena vigencia la Ley 906, por la cual se determina una nueva tarifaria, aplicando un aumento en los impuestos, gravando todas aquellas actividades que hasta ahora tenían beneficio de alícuota cero y aplicando el impuesto de sellos a las compras con tarjeta de crédito.

En tanto, por decreto 2913/12 se promulgó la Ley 907, que crea el adicional de 1 por ciento aplicable sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, el cual no será coparticipable con las municipalidades.

El artículo sexto de la mencionada ley, crea el «Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales» destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación. Los fondos son de afectación específica, «poniendo especial énfasis en atender la delicada situación en que se encuentra el Hospital Regional Río Grande».

El adicional del 1% no será aplicable en algunos casos de contribuyentes que se adhieran al régimen simplificado y en el caso que por leyes nacionales o provinciales se establezcan exenciones.

Menos el 25%

El artículo 25 de la ley de presupuesto 2013, establece el «Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales» destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, el cual se generará a partir del producido de la retención a los municipios del veinticinco por ciento (25%) de los recursos que les corresponden por coparticipación de ingresos tributarios provinciales.

Según la misma ley, 944 millones de pesos es lo que se estima alcanzar por ingresos tributarios provinciales; de ese monto, a las Municipalidades se les destina el 45% tras la deducción de los gastos administrativos. De esta forma, se estima que cada municipio perderá alrededor de 50 millones de pesos anuales.

En cuanto a otros montos que se reparten a las Municipalidades, la ley de presupuesto indica que en concepto de Regalías Hidrocarburíferas serán 334 millones de pesos y por Regímenes Federales 2.135 millones de pesos.

Fuera la polémica ley

El artículo 29 de la Ley 905 deroga la polémica Ley Provincial 648 y establece una nueva metodología para destinar el presupuesto mínimo al sistema educativo de la provincia.

La nueva normativa establece que el presupuesto para educación no podrá ser inferior al 35% del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la administración central, netos de coparticipación a municipios y contribuciones figurativas de poderes y organismos de control.

Fondos a Rentas Generales

El artículo 28 de la ley de presupuesto, le otorga facultad al Poder Ejecutivo para disponer libremente de todos aquellos recursos que conforman fondos de afectación específica y que al 31 de diciembre de este año, no hayan sido ejecutados.

Los excedentes serán volcados a rentas generales, lo que le permitirá a la gobernadora Fabiana Ríos poder usarlos para el gasto de salarios. La cláusula le significará un desahogo financiero, ante las posibles dificultades ocasionadas por el pago del medio aguinaldo.