Esta semana, el tema de los árboles de la plaza Colón tomó repercusión a través de las redes sociales luego de las fotos publicadas por EL CIVISMO Digital. En esa línea, la Comisión de Amigos de la plaza difundió un informe realizado por especialistas de la Universidad Nacional de Luján que fue elaborado en marzo de 2014, en el que se había realizado un censo de la arboleda del espacio público.

Ante esta situación, el ingeniero agrónomo Emilian Cucciofu, del Departamento de Tecnología de la UNLu, envió a este medio una serie de aclaraciones respecto de la nota publicada esta semana. El profesional –que participó del estudio elaborado hace tres años- aclaró en primera instancia que “la responsabilidad técnica y legal sobre el manejo del arbolado es exclusivamente del municipio. Esto está claro en la Ley 12.276 de arbolado público de la Provincia de Buenos Aires, donde se expresa que el municipio debe tener un área técnica para el manejo de este recurso, un profesional idóneo a cargo y un plan regulador. El Municipio de Luján viene incumpliendo esta Ley desde su promulgación, hasta que hace 6 meses decidió nombrar una paisajista a cargo de la Dirección de Espacios Verdes, cumpliendo al menos una parte de sus obligaciones”.

Además, explicó que “en virtud de un pedido del Municipio, desde el año 2013, un equipo de la UNLu coordinado por la doctora Elena Craig y el ingeniero agrónomo Emiliano Cucciufo, viene asesorando en temas vinculados con el manejo del arbolado público. Se firmó un convenio y se iniciaron un proyecto de investigación y otro de extensión para comenzar a trabajar en conjunto. La realidad es que desde el 2003 a la fecha venimos realizando en soledad varios diagnósticos de espacios verdes y veredas: la plaza Colón, el Parque San Martín, el Parque Ameghino, el casco céntrico de Luján y la localidad de Olivera. Las repercusiones de esos diagnósticos sobre el manejo del arbolado de Luján son prácticamente nulos”. 

“El informe de la Plaza Colón al que aluden es del año 2014. Se trata de un informe preliminar sin georreferenciar: es decir, no tiene identificado cada árbol con su recomendación de actuación en un plano, de manera que no podemos certificar que los árboles que se están extrayendo sean los que indicamos en aquel momento”, apuntaron los profesionales de la UNLu. 

“Desde ese informe hasta hoy hemos adquirido nuevo equipamiento y experiencia que nos permite mayor precisión en los diagnósticos de riesgo y el Municipio lo sabe. Consideramos que hubiera sido prudente que ante la magnitud de las actuaciones previstas, nos hubieran convocado para actualizar el diagnóstico y certificar caso por caso las extracciones, en función del valor histórico y ambiental de algunos de esos ejemplares. Estuvimos siempre a disposición para consultas e intercambios de opinión”, afirmaron. 

Por otra parte, sostuvieron que “creemos que la gestión de árboles peligrosos es imprescindible para evitar pérdidas materiales y humanas, pero requiere conocimiento, experiencia y prudencia. Tareas como las emprendidas en la plaza Colon deben ser realizadas por etapas para minimizar el impacto paisajístico y ambiental, además de debidamente comunicadas a la población previo a su ejecución”. 

Además apuntaron que “queremos ser enfáticos en volver a expresar (porque ya lo hemos hecho verbalmente y vía expediente) que no estamos de acuerdo con el criterio técnico de la poda que se está realizando este año. Las reducciones de altura y despuntes que se están realizando en general no se justifican desde el punto de vista del riesgo y resultan agresivas para el árbol. Generan puntos de cicatrización muy lenta y de acceso de plagas, terminan debilitando la planta y en el mediano y largo plazo disminuyendo su vida útil. Un ejemplo claro de esto es la reducción de altura de los plátanos de la plaza Colón o las que se pretenden realizar en la avenida España. También las de las calles Lavalle o 25 de Mayo. En muchos de estos casos con podas de ramas laterales bajas para despejar luminarias y eliminando o acortando ramas inclinadas y pesadas que puedan quebrarse es suficiente. Solo se justifican las reducciones de altura en aquellos árboles peligrosos que no requieran el último recurso de la extracción”. 

“Hace años que venimos trabajando por un arbolado sano y seguro entendido dentro del derecho a un hábitat saludable. La idea es maximizar los beneficios ambientales del arbolado con la mínima cantidad de intervenciones. Esto requiere planificación y conocimiento, pero también participación de la comunidad que suele identificar a los árboles de su barrio como un patrimonio. Por ello el estado debe ser responsable y cuidadoso con su manejo”, cerraron los profesionales de la UNLu.