Por Mara Pedrazzoli

Pese a un discurso extendido que asocia pobreza con falta de trabajo, los datos muestran una realidad muy distinta en Argentina: apenas el 7,4 por ciento de las personas pobres en edad laboral está desocupada, mientras que el 59 por ciento tiene empleo y, aun así, permanece por debajo de la línea de pobreza. “En la pobreza argentina no parece haber un gran conjunto de personas desocupadas sino un gran conjunto de personas trabajando en malas condiciones”, advierte un informe que cuestiona varios de los lugares comunes más instalados sobre exclusión social y mercado laboral.

El estudio de Futuros Mejores llega con un timing preciso para reabrir la discusión sobre la cobertura social en el país, ya que en abril el Gobierno discontinuará el programa “Volver al trabajo” (ex Potenciar Trabajo) luego de haberlo desarticulado y mantenido la asignación mensual congelada en 78.000 pesos desde el inicio de la gestión.

Volver al trabajo, afuera

En diciembre de 2023, el presidente anunció el congelamiento del monto del programa conocido durante años como Potenciar Trabajo, desvinculándolo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esto generó una licuación del poder de compra del plan social, aún así, el Ejecutivo avanza en desmantelarlo.

Unos meses después, en 2024 procedió a la eliminación de las “Unidades de Gestión” y quitó a las organizaciones sociales el control de las planillas de asistencia, con el objetivo de “eliminar la intermediación” porque consideraban que de esa manera le quitaban poder a los grupos políticos.

Durante ese período, también realizaron auditorías masivas que resultaron en la baja de miles de beneficiarios por irregularidades que muchas veces fueron difíciles de justificar. En abril de 2024 el Potenciar se desdobló en el “Volver al Trabajo”, para quienes tienen entre 18 y 49 años y es el grupo es el más afectado por el cierre actual, y el “Acompañamiento Social”, diseñado como una red de contención alimentaria y de salud para personas mayores a 50 años.

Dos años más tarde, la administración libertaria decidió que a partir de abril de este año, los jóvenes del Volver deberán inscribirse en un nuevo esquema de vouchers destinados exclusivamente a capacitaciones laborales. De modo que la ayuda social tendrá como requisito la asistencia y será temporal. Cerca de 1,1 millones de personas se verán afectadas.

El mito de “agarrá la pala”

Pero ¿Cómo se caracteriza el universo de personas pobres en el país? En base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) actualizados al tercer trimestre de 2024, el informe de Futuros Mejores rompe con el mito de que los pobres en Argentina no trabajan: solo el 7,4 por ciento de las personas pobres están desempleadas, todo el resto ya tiene el tiempo ocupado trabajando de forma remunerada o no remunerada, estudiando, son jubilados o personas con discapacidad.

El dato registra que el 59 por ciento de estas personas tiene empleo, pero este no les permite salir de su condición de vulnerabilidad. En tanto, un 18 por ciento son amas de casa, es decir mujeres que están a cargo de los cuidados.

La gente “pobre con infinito tiempo disponible” es la excepción y no la norma, sostiene el estudio. El problema, entonces, son las condiciones laborales en las que se desempeña este sector social. En general de precarización extrema: empleos inestables, de muchas horas, con bajos salarios, que no permiten proyectar una salida de la situación económica en la que viven.

En ese sentido, la actual conducción del Ejecutivo va a contra mano de mejorar las condiciones de trabajo. A la destrucción del aparato productivo, le sumó una reforma laboral que barre con los derechos conquistados por los trabajadores en el país.

Las consecuencias de ese combo son el crecimiento de la desocupación y de la precarización, al mismo tiempo.

Informalidad al palo

La informalidad laboral llega al 30 por ciento de la población argentina en su conjunto, pero entre las personas pobres alcanza el 59 por ciento versus el 18 entre quienes superan la línea de pobreza. Se trata de empleos con baja calidad y mal remunerados, sin acceso a jubilación ni obra social, habitualmente trabajadores de la economía popular, como vendedores ambulantes, o en aplicaciones.

A nivel sectorial, el comercio es el sector con más cantidad de personas ocupadas, entre la población pobre y no pobre, pero la construcción supera a la industria en el grupo debajo de la línea de pobreza.

En cuanto al tipo de trabajo, la distinción de Indec entre categorías profesionales, técnicas, operativas y no calificadas, encuentra que las personas bajo línea de pobreza en tareas profesionales es ínfima, y también es muy menor en tareas de tipo técnico, que son las de mayor jerarquía y mejor remuneradas.

De acuerdo con el trabajo de Futuros Mejores, y para romper con el mito respecto de que el esfuerzo vale la pena porque trae buenos frutos, las personas pobres trabajan un promedio de 41,8 horas semanales: dos horas más que quienes están por encima de la línea de pobreza.

La urgencia de políticas sociales progresivas

El informe ofrece una caracterización detallada de los sectores más vulnerables, como insumo central para definir políticas sociales eficaces y urgentes.

Desde una perspectiva de género, sobresale el hecho de que el 60 por ciento de las trabajadoras de casas particulares y el 60 por ciento de los hogares monomarentales se encuentran en situación de pobreza, un dato que refuerza la necesidad de políticas específicas de cuidados, a contramano de la política libertaria.

En esa línea, el documento propone articular medidas universales para la primera infancia, acciones orientadas a personas mayores y estrategias para la población en edad de trabajar, en consonancia con esquemas de protección social que también sostienen economías desarrolladas.

Seis ideas claves

La organización plantea el diseño de una política social alternativa sobre la base de seis ideas clave:

Problemas distintos requieren políticas diferenciadas. Esto implica no abonar al estereotipo de que la persona pobre es simplemente quien no trabaja o “perdió la cultura del trabajo”.Universalidad de acceso frente a requisitos claros que definan un cupo determinado de prestaciones a otorgar.Apoyo económico a las organizaciones sociales como fin, no como medio, por el rol que llevan adelante en el territorio, desempeñando funciones donde muchas veces el Estado no llega.Asignación de un rol claro a gobiernos provinciales y municipales. La provincial, aseguran, es la dimensión ideal para articular con los sistemas educativos y de salud así como con los productivos; mientras que la escala municipal resulta para el acompañamiento en la esfera física de la pobreza (vivienda, cloacas, espacios verdes, organización de la infraestructura de cuidados, etc.).Otorgar mayor centralidad a la política de vivienda dentro de la política antipobreza.Medición de pobreza de manera multidimensional y no solo basada en el umbral de ingresos.