Eso hace más dramático y grave el deterioro social. Porque indica que el problema responde a causas más estructurales, entre ellas los bajos salarios y la informalidad laboral ya sea a través del trabajo en negro o regímenes de contratación, lo que se traduce en una fuerte precarización laboral. También obedece a que el 75% de los jubilados y pensionados cobran el haber mínimo, y a los bajos montos de la ayuda estatal que no cubre el costo de la canasta familiar.

A esto se agrega la inflación, en especial la fuerte suba de los precios de los alimentos que ya supera el 30% anual y que sigue en ascenso. Así, a través de la suba constante y ascendente de los precios, el salario, la jubilación o las ayudas sociales pierden una parte del poder adquisitivo que solo con retraso y muchas veces no en su totalidad es recuperado con los aumentos salariales, previsionales o sociales.

Ni qué decir que una reducción o eliminación de los subsidios, una retracción de la actividad o una mayor devaluación del peso –todos temas que están en la agenda oficial– potenciarían todos estos indicadores sociales negativos. Lamentablemente hay propuestas que apuntan en esa dirección, alimentadas por la propia política oficial.