Playa Grande: Las obras en la Pileta Solarium del “Costa Galana” brillan por su ausencia

Playa Grande: Las obras en la Pileta Solarium del “Costa Galana” brillan por su ausencia

El tiempo pasa y de las obras prometidas nada se sabe. Solo una impermeabilización, carta documento mediante, en un sector de Unidad Turística Fiscal, conocida como Unidad Turística Fiscal Pileta Solarium del Complejo Playa Grande es lo que se ha realizado. El sector es explotado por Red Hotelera Iberoamericana S.A., luego de haberle sido concesionado merced a un canon de $ 166.400 y un monto de obra de $ 9.894.550, mediante la Ordenanza Nº 19910, está a la buena de Dios...

A tres años de haberse hecho la entrega formal, directivos de Hotel Costa Galana siguen incumpliendo el Pliego de Bases y Condiciones con la presunta complicidad de Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Emtur y del propio Consorcio de Playa Grande, responsable de su fiel cumplimiento .

De nada han servido las intimaciones. La Red Hotelera Iberoamericana SA, ganadora de la compulsa, la que al parecer contaría con una “protección” especial, y los trabajos que debería haber encarado, y finalizado, en los primeros 24 meses, en la actualidad brillan por su ausencia.

En todo este tiempo la “Red…” debió prever “la reconversión, adecuación y mantenimiento de los espacios de uso de la Unidad para la prestación de servicios gastronómicos de régimen anual, de solárium, locales comerciales, actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y recreación, sanitarios públicos, publicidad y actividades turístico-recreativas complementarias que pudieran proponerse, además de ejecutar un proyecto arquitectónico que redefinió la localización de los espacios físicos propios, respetando la estructuración y zonificación planteada por el Municipio de Gral. Pueyrredon en los planos que detallan las Obras Comunes y cuya materialización se ajustará a los contenidos del Capítulo V de las Obras Propias de aquella Licitación, entre otros ítems”.

El Artículo 34 ¿al tacho de la basura?

Es de señalar, en cuanto al plazo de ejecución de las obras, quedaron claramente especificados en el Artículo 34, donde se detalla claramente que “El concesionario debería iniciar las obras exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones una vez aprobada la documentación correspondiente al Legajo Técnico de Obra de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 48 de las Cláusulas Generales, debiendo realizar la totalidad de las obras enunciadas en los artículos precedentes de este capítulo, en un plazo máximo de ejecución de veinticuatro (24) meses (N. de R.: Hoy va por el tercer año de concesión)

Quedó claramente establecido en ese momento que “Los plazos de obra mencionados no se modificarán por causa de presentación de propuestas alternativas y/o modificatorias de la propuesta de obra de la oferta, la que será evaluada por la Municipalidad de General Pueyrredon para su aprobación o desistimiento”.

Dicho plan deberá contemplar la habilitación -como mínimo y en primer término- de las obras relacionadas con los sanitarios para uso público y obras de infraestructura, de modo que se asegure la prestación de servicios en forma adecuada.

Se dejó constancia además que “La obligatoriedad de ejecución de la obra comprometida es exclusiva responsabilidad del concesionario, no pudiendo ceder ni transferir dicha obligación ni parcial ni totalmente a terceros. La detección de dicho incumplimiento hará pasible al concesionario de la aplicación de las sanciones previstas”(SIC).

También se especificaba claramente las “Cláusulas punitivas” acerca de las transgresiones al Pliego de Bases y Condiciones a las que se “harán pasible al concesionario de las sanciones establecidas conforme las normas vigente para el caso”; donde también se dejó por sentado que el incumplimiento de las normas pautadas puede terminar con la caducidad de la concesión “lo que traerá aparejada en perjuicio de quien la sufre, su inhabilitación por un período de cinco años para presentarse en futuras licitaciones y/o concursos, convocados por el Municipio de General Pueyrredon y/o Entes Descentralizados”.

Garantía de Obra Propia

En el apartado 10.4, donde trata la Garantía de Obra Propia, se especifica que “el concesionario deberá constituir una Garantía de Obra equivalente al cien por ciento (100%) del monto de inversión en obra propia, pudiendo el concesionario optar por constituir dicha garantía por cada etapa de obra, equivalente al cien por ciento (100 %) del valor de cada una de ellas. Contra la presentación de la certificación realizada y aprobada, se procederá a la devolución de dicha garantía o a la acreditación a cuenta de la etapa siguiente, según corresponda.

La pregunta del millón es ¿cuáles fueron las razones de peso para que no se cumplimentara este control?. ¿Qué hicieron desde Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Emtur y del propio Consorcio de Playa Grande?. ¿Que hicieron los concejales en defensa de patrimonio de todos los marplatenses?

¿El “zorro” dentro del “gallinero”?

Finalmente se determina claramente, en el Artículo 29º, que será “El Consorcio Complejo Playa Grande el responsable de la realización en término y conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones de las obras y servicios, respondiendo por vicios, deficiencias y/o incumplimientos, no pudiendo alegar como eximente, incumplimientos de quien o quienes fueran su/sus contratista/s. La inspección podrá exigir modificaciones en los trabajos siempre que no se aparten de las bases previstas en el Pliego”.

Poco y nada se sabe si las autoridades del Consorcio actuaron con todo el peso de lo que marcaba la Ordenanza. Esto no hace más que aumentar la sospecha que en Playa Grande algo no estaría funcionando bien, sin que se sepa cuáles fueron las medidas que las autoridades municipales tomaron al respecto , si es que así lo hicieron.

Pero todo tendría su “lógica”: Jorge Aristegui, Presidente del Consorcio de Playa Grande sería el mismo que ocuparía el cargo de Gerente de la firma que regentea el Hotel Costa Galana… algo así como “poner a cuidar al zorro el gallinero”.

Sin duda una ardua tarea les queda a las nuevas autoridades municipales encabezadas por Carlos Arroyo para aclarar esta situación, que a primera vista, estaría en una “zona difusa”, en el límite entre lo legal e ilegal.

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