SSe incrementa la tensión entre la mesa Mar del Plata del Frente para la Victoria y la Administración Pulti. Con un nuevo comunicado de prensa cuestionó el proyecto del intendente de trasladar oficinas municipales, con la financiación de Telefónica, a través del pago anticipado de tasas. A continuación transcribimos el comunicado de prensa completo.

Comunicado de Prensa del Frente para la Victoria de Mar del Plata/Batán

Desde la mesa de conducción política del Frente para la Victoria de General Pueyrredón, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio frente a la decisión que ha tomado el ejecutivo municipal de desconocer el planteo que los integrantes de este espacio realizamos días atrás en relación al convenio entre el intendente Gustavo Pulti y la empresa Telefónica de Argentina para financiar el traslado del palacio municipal, y la clara intención de convertir esta situación en una disputa entre dos fuerzas políticas.

Queremos remarcar que con el comunicado emitido no hicimos más que establecer una posición absolutamente argumentada y en línea con la política del gobierno nacional, y puntualmente con la determinación tomada por el Ministerio de Planificación y la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Es desde ese lugar, desde donde no entendemos la violencia de la respuesta del ejecutivo municipal, que en vez de aportar al diálogo e intentar disipar las dudas en cuanto a la ilegalidad y la poca conveniencia de la iniciativa, busca poner al conductor de nuestro espacio en un lugar para la acusación. Acto que bien puede leerse como una cobardía política que busca enfrentarse con nosotros desde el discurso irracional de un funcionario de segunda o tercera línea, para no llevar las verdaderas explicaciones al Ministerio de Planificación o a la Presidencia de la Nación. O que puede ser también un intento de convertir esta situación en una disputa política para desviar la atención de los asuntos que verdaderamente importan.

Cualquiera sea la situación, los integrantes de esta mesa queremos reafirmar nuestro compromiso frente a la resolución de las dudas que nos genera este proyecto impulsado por el ejecutivo municipal, y aseguramos que aunque se sucedan este tipo de estrategias, mantendremos nuestra postura y no dejaremos de lado el planteo que realizamos en el comunicado que enviamos días atrás.

Con cada una de estas acciones, Gustavo Pulti y sus funcionarios dejan entrever que no comprenden lo que implica ser parte de un proyecto colectivo, donde los objetivos que se plantean parten de la intención de resolver las verdaderas problemáticas de los vecinos. Entendemos que respuestas como la del día de ayer, muestran el enojo frente a planteos que evidencian la mezquindad de las iniciativas, característica de los gobiernos de tinte liberal.

Además, queremos resaltar que bajo ningún concepto se puede tolerar que se agravie de semejante manera a un embajador de nuestro país, que se encuentra representando a la Argentina en una de las relaciones más estratégicas de América Latina.

Esto demuestra o una clara mala intención, o bien, un desconocimiento absoluto –y muy grave por parte de un funcionario del gobierno municipal- de la situación en la que se encuentran hoy Argentina y Venezuela, fortaleciendo y profundizando el intercambio y las relaciones bilaterales.

Solamente en el año que Carlos Cheppi lleva como embajador en aquel país, se aumentaron las exportaciones en un 35%, se han cerrado acuerdos en la industria alimenticia por más de 500 millones de dólares y acuerdos comerciales y de integración petrolera por más de mil millones de dólares, y están por cerrarse acuerdos por más de 200 millones de dólares con astilleros de Mar del Plata y con el INIDEP, entre otras cosas. Todo esto sólo como ejemplo de los resultados de su gestión.

Desconociendo esto e injuriando a Cheppi, no sólo se falta a la verdad, sino que se le falta el respeto también a nuestra presidenta, que le encomendó el rol de embajador y fomenta y apoya el importante trabajo que se está realizando allí. Una presidenta, que además, marca una clara línea política de lucha contra las corporaciones y los poderes económicos concentrados, y cuyo mandato se desestima cuando un gobierno municipal prefiere que una empresa como Telefónica le preste dinero para financiar una iniciativa apresurada y poco clara, que ni siquiera se ha debatido correctamente, en vez de invertir en mejorar los servicios de los usuarios.