Financieras, “cuevas”, prestamistas, mutuales, fundaciones, clubes deportivos, agencias de quiniela, todo sirve a la hora de obtener o mover dinero por fuera del circuito legal. Hasta grandes empresas y partidos políticos son clientes asiduos de estos lugares.
Si el Estado hubiera controlado lo que pasaba ahí (y personas cercanas al Estado en este caso sobran), CBI no habría podido tomar fondos ni actuar en el mercado cambiario. No podría haber sido una mesa de dinero de lujo con clientela VIP, como resultó ser.
La alta presión impositiva, la inflación, las restricciones a las importaciones, la indisponibilidad de crédito, la desconfianza en el sistema bancario, la inercia que arrastran importantes sectores económicos acostumbrados a trabajar en la informalidad, la necesidad de mover fondos provenientes de actividades ilegales como la corrupción política son parte del cóctel que ayuda a entender la supervivencia del llamado “circuito negro”.
Antes que CBI, la provincia de Córdoba ha sido testigo de millonarias estafas al Estado y a particulares, realizadas con ingenierías financieras que incluyeron el uso de mutuales y clubes deportivos, y también de estudios profesionales generadores de empresas fantasma que mantenían grandes sumas de dinero fuera de la observación del Banco Central, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de instituciones como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene la misión de controlar el funcionamiento de miles de mutuales y cooperativas.
Con sede en la localidad de Alicia y filiales en otras seis localidades (Las Varillas, Pozo del Molle, Sacanta, Las Varas, Calchín y Luque), la mutual del Club Deportivo y Filodramático Alicia (Cayfa) sufrió un sonado default en 2009, que produjo un perjuicio estimado en 85 millones de pesos.
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