El presupuesto de la Ciudad para el año 2014 está comenzando a cocinarse y, como todos los años, desde el Ministerio de Hacienda porteño se convoca a todas las dependencias que integran el estado local a enviar sus listados de gastos. A pocos días de vencerse el plazo establecido por el Ejecutivo para remitir los pre proyectos presupuestarios, desde el Poder Judicial ya se definió cuál será el monto necesario para el funcionamiento del servicio de justicia el año próximo.

Este martes, los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura de la Ciudad se reunieron en Plenario para tratar como tema principal el “Proyecto de Presupuesto 2014″.

Por unanimidad, se aprobó el plan de gastos definido por la Comisión de Administración Financiera, el cual establece para el año 2014 un presupuesto total de 1.410 millones de pesos para el funcionamiento de los tribunales porteños y el Consejo de la Magistratura.

El plan de gastos para el Poder Judicial porteño concentra el monto mayor en gastos de personal (casi 830 millones tendrán como destino los salarios del personal de planta permanente). Servicios básicos como luz, agua, gas y telefonía; insumos como papel o productos de oficina; alquileres de edificios, limpieza y mantenimiento, engrosan el listado de gastos. Un lugar destacado tiene también la política edilicia.

En el proyecto presupuestario aprobado por el Consejo de la Magistratura local se resalta “la política de concentrar al área jurisdiccional en un inmueble propio a fin de facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y fortalecer institucionalmente al organismo”. “En el 2014 se continuará con la transformación de la política de alquileres y gastos a una política de inversión basada en la adquisición de edificios propios con la concentración de los fueros jurisdiccionales. El primer paso en esta dirección es comenzar en el año 2014 las obras para la instalación definitiva de la totalidad de ambos fueros en una sede única”, expresa el texto que en breve, será remitido al Ministerio de Hacienda para su tratamiento Legislativo.

De acuerdo al proyecto de infraestructura definido tiempo atrás con el objetivo de construir una Ciudad Judicial en el sur del territorio porteño, se prevé anualmente un monto cercano a los 200 millones de pesos como parte del plan de inversión iniciado el año pasado. Esta inversión anual continuará en años subsiguientes culminando con la venta de los edificios propios en donde actualmente funcionan los tribunales.

Según expresó el presidente del Consejo porteño, Juan Manuel Olmos, al proyecto presupuestario del Poder Judicial se sumarán los proyectos aprobados por las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad, los cuales suman poco más de mil millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo publicado en su página oficial, prevé un plan de gastos para el año 2014 de 529.100.460 pesos, de los cuales 457 millones tienen como destino los salarios del personal permanente.

El Ministerio Público de la Defensa estipuló un presupuesto de poco más de 398 millones de pesos, siendo 351 millones destinados para gastos de personal.

Por su parte, la Asesoría General Tutelar diseñó un proyecto presupuestario por 122.363.822 millones de pesos, con un gasto previsto en salarios para personal de planta permanente unos 104 millones de pesos.

Año tras año la justicia remite sus proyectos al Ministerio de Hacienda, el cual, generalmente, realiza un recorte antes de remitir el proyecto presupuestario para la Ciudad a la Legislatura. En el mes de octubre se iniciará el debate en la comisión de Presupuesto, allí, cada rama del Poder Judicial de la Ciudad reclamará su autonomía presupuestaria y en defensa de la independencia judicial solicitará que el Parlamento apruebe el plan de gastos previsto por la justicia sin las modificaciones que el Ejecutivo pueda sugerir.

Sumados los presupuestos estimados por el Consejo, las tres ramas del Ministerio Público y el que solicitará el Tribunal Superior de Justicia (mucho más austero) los legisladores porteños tendrán en sus manos la responsabilidad de aprobar unos 2.500 millones de pesos para la justicia porteña.