La causa penal, se señaló, tendría que ver con la presunta venta de terrenos para su rezonificación y posterior venta a beneficiarios del plan nacional de viviendas Procrear.

Los requerimientos tuvieron lugar en las oficinas de Control Urbano, Obras Particulares que funcionan en 20 y 50 y en secretaría de Gestión Pública con sede en el palacio comunal de calle 12, informó el diario El Día en su edición de hoy.

Las diligencias judiciales tuvieron por objeto “constatar y en su caso proceder al secuestro de expedientes, carpetas, notas, informes, proyectos de decretos, resoluciones o dictámenes y cualquier otro tipo de actos administrativos relativos a rezonificaciones de lotes de terrenos en el Partido de La Plata, como así también dinero en efectivo-moneda nacional o extranjera- que se encuentre guardado u oculto en las oficinas a registrar y que por las circunstancias de su hallazgo permita presumir ciertamente su origen ilícito y cualquier tipo de constancia que haga alusión a la existencia inequívoca de pagos dinerarios indebidos, relativos al trámite de aquellos expedientes o al denunciante de autos”. 

Sumario administrativo

El juez actuante, cabe señalar, no hizo lugar a los pedidos de detención de cinco funcionarios comunales: Enrique Sette, secretario de Gestión Pública; Roberto Moreno, director general de Planeamiento Urbano; Gustavo Petró, director general de Planeamiento y Obras Particulares; Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ibarra, empleados municipales.

También se requirió documentación en un inmueble donde funcionan archivos del ámbito comunal ubicado sobre avenida 52 y 116, en la zona del Bosque.

En tanto, fuentes comunales señalaron que en el plano administrativo se daría inicio a un sumario interno. La investigación administrativa que se pondría en marcha, se indicó, se llevaría a cabo “independientemente de la causa judicial en proceso”, señalaron fuentes de la Comuna platense