Si el humor del gobierno neuquino es el expresado por la ministro de Hacienda, Ester Ruiz, los gremios estatales no tienen mucho que esperar de eventuales negociaciones. Este miércoles, la funcionaria volvió a pronunciar la lapidaria frase "no se puede dar aumentos porque no hay plata", y para reforzar su argumento recordó que para pagar los sueldos tuvo que pedir un anticipo de coparticipación al Estado nacional.

Pareció olvidar, sin embargo, que hace sólo unos días el gobierno había hecho un ofrecimiento (5 %) de incremento salarial. Y que otros estrategas evalúan la oportunidad para ofrecer un incremento mayor apenas se den algunas condiciones mínimas, que son más políticas que financieras.

Ruiz anunció –en declaraciones a la radio LU5- que los salarios de abril se pagarán del 5 al 7 de mayo, con lo que por lo menos se garantiza el cumplimiento de un cronograma más o menos estable para esta obligación del Estado. Permanece en cambio en un limbo misterioso la forma y la oportunidad que se cancelarán otras deudas.

Ruiz no hace más que acudir al sonsonete de la falta de recursos porque su función en el gobierno es de estricta administración. Pero también es oportuno inferir que cada vez que habla la funcionaria es una confirmación de la temperatura que mide las relaciones con el gobierno nacional.

"En este momento está bajo cero", confesó a este diario una fuente gubernamental que pidió reserva. Las gestiones del gobernador Jorge Sapag ante los distintos funcionarios (habló con pocos días de diferencia con Aníbal Fernández y Juan Carlos Pezoa) han chocado hasta ahora con frases que hacen recordar a la ministro Ruiz: "no hay plata". No es fácil mantener relaciones cordiales cuando por otro lado le confiesan abiertamente que para otras provincias sí ha habido.

Mientras Sapag decide en qué momento produce algún hecho que lo devuelva a un nivel de exigencia respecto del Estado nacional (¿se verá algo durante la visita de Eduardo Duhalde a la provincia?), los gremios no tienen por ahora otro camino más que seguir midiendo fuerzas y ver hasta dónde se llega.

El sindicalismo estatal se puede permitir ser paciente: los huelguistas siguen cobrando su salario, tienen la estabilidad laboral asegurada, y los gremialistas no tienen necesidad de convencer a nadie sobre un derecho a huelga que es puro beneficio y prácticamente nada de riesgo.