El anuncio lo realizó el Ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Luis Feijóo, quien explicó que los miembros del instituto, realizarán la primera reunión, hoy, desde las 10, en Casa de Gobierno. El organismo tiene a su cargo el cálculo, al comienzo de cada zafra, de la cantidad de la producción de azúcar y alcohol que debe destinarse al abastecimiento del mercado interno y administrará el sistema de depósito de azúcares que se creará a instancias de la ley 8.573, sancionada en febrero último por la legislatura provincial. . En este marco, también impondrá sanciones por incumplimientos de los preceptos de la norma.

En cada zafra, el Instituto establecerá el cronograma conforme al cual cada ingenio azucarero deberá proceder al depósito del azúcar en los almacenes fiscales, con una periodicidad que no exceda los 30 días.

Los ingenios podrán optar por entregar en custodia al Instituto los certificados de depósito y certificados warrants no negociados, por las cantidades de azúcar a su cargo.

Sobre el precio del dulce producto, Feijoó, dijo que se buscará reforzar el precio del azúcar que actual mente se ubica (la bolsa) en los $130, cuando debería estar en los $200, para “ayudar a compensar los valores que demanda la producción de caña de azúcar”.

El directorio está integrado por un representante del Poder Ejecutivo (en este caso el titular de Producción), al igual que el ex legislador y titulr de FOTIA, Roberto Palina. También integrarán el Directorio en representación de los ingenios azucareros Alejandro Ramòn Poviña y Eduardo Enrique Rothe. Mientras que por el sector cañero lo integrarán los productores Bernabé Oscar Alzabé y Edmundo Noé Gramajo. Fueron designados como suplentes Juan Luis Fernández y Ricardo Alfredo Véliz por el Poder Ejecutivo; Luis Arrimada y Mario Arnaldo Salvo en representación de los ingenios y por los productores cañeros Guillermo Felipe Mors y Fabián Marcelo Fernández.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán es un ente autárquico creado en el artículo 5º de la ley, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado.